El proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral fue aprobado la noche de este miércoles 23 de septiembre en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Recibió siete votos a favor y dos en contra. Las que votaron en contra fueron las diputadas de Vamos, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler. A favor, los diputados Benicio Robinson, Raphael Buchanan, del PRD; Julio de la Guardia, de CD; Ósman Gómez, de Alianza; Luis Eduardo Camacho y Alaín Cedeño, de Realizando Metas, y Ariana Coba, panameñista.
Durante la discusión, los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho propusieron un aumento en el tope de financiamiento privado que pueden recaudar los candidatos a alcalde y a diputado durante la campaña política.
Para alcalde, por ejemplo, el tope pasaría de $150 mil a $500 mil, mientras que para el cargo de diputado el límite aumentaría de $300 mil a $500 mil.
La propuesta fue presentada en una sesión en la que estuvieron presentes los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá.
La comisión es presidida por Robinson, actual presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), mientras que Camacho ocupa la secretaría del oficialista Realizando Metas (RM).
De acuerdo con Robinson y Camacho, el tope también dependerá del número de electores. Para los alcaldes, será de $150 mil en distritos de hasta 50 mil electores; $200 mil, hasta 100 mil; $300 mil, hasta 200 mil, y $500 mil, en los que superen esa cifra.
Para los diputados, el límite será de $300 mil en circuitos de hasta 30 mil electores; $400 mil, entre 30 mil y 50 mil, y $500 mil, en los que superen los 50 mil electores.
En caso de doble postulación, se aplicará un solo límite de financiamiento privado correspondiente al cargo de mayor jerarquía, establece la propuesta.
Sobre el tope para diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), se mantuvo la propuesta del Tribunal Electoral: los aspirantes a ese cargo podrán recibir donaciones por hasta $300 mil. El actual Código Electoral establece un tope de $10 mil.
Mantienen el fuero
Robinson y Camacho también buscan eliminar la propuesta del TE de reducir el número de personas a las que aplicaría el fuero penal electoral.
La propuesta del TE buscaba excluir a los vicepresidentes y subsecretarios de los partidos políticos, así como a los delegados electorales. De es modo, se busca “evitar que una garantía de naturaleza excepcional se transforme en un mecanismo de inmunidad procesal excesivamente amplio”, explicó el magistrado Arellano.
