El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una serie de medidas para proteger los recursos públicos y reforzar los controles de la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de que la operación Pandora revelara una presunta trama relacionada con la manipulación de créditos fiscales.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó este lunes 27 de julio que se detectaron graves irregularidades dentro de la DGI y que se ordenó la separación de sus cargos de todos los funcionarios vinculados con la investigación.
Entre las acciones adoptadas también figura el congelamiento de los trámites relacionados con créditos fiscales que se encuentran bajo sospecha.
Chapman explicó que el esquema investigado habría comenzado hace varios años, logró captar funcionarios y evadir los controles internos de la institución.
“No importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó el ministro en un mensaje divulgado a través de las redes sociales del MEF.
El titular de la institución también indicó que solicitó personalmente al contralor general de la República, Anel Bolo Flores, la realización de una auditoría integral para determinar cómo operó la presunta red, identificar las fallas en los controles internos y establecer las vulnerabilidades del sistema.
Chapman aseguró que las investigaciones avanzan con absoluta transparencia y respeto al debido proceso, y advirtió que las personas que resulten responsables deberán responder ante la justicia, conforme a la legislación vigente.
Las medidas fueron anunciadas casi dos semanas después de la operación Pandora, investigación que, de acuerdo con las autoridades, expuso una presunta organización integrada por funcionarios de la DGI y particulares.
El grupo habría eliminado o alterado en la plataforma e-Tax cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos. El objetivo habría sido hacer aparecer esos recursos como pagos no aplicados para convertirlos posteriormente en créditos fiscales.
La presunta estructura habría causado una lesión patrimonial estimada en alrededor de $40 millones al Estado.
Hasta el momento, 17 personas han sido imputadas, entre ellas funcionarios de la DGI, abogados y comerciantes. Las autoridades no descartan que la cifra aumente a 20 o más involucrados, mientras la Fiscalía intenta demostrar que se trataba de una organización coordinada en distintos niveles.
El ministro reiteró que el objetivo del Gobierno es preservar la seguridad jurídica, mantener la confianza en las instituciones y consolidar una administración tributaria más transparente, moderna y eficiente.
