En una decisión reciente, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha fallado a favor de H3 Automation, Sdad. Ltda., en un litigio contra Transporte Masivo de Panamá (Mi Bus). El conflicto se originó por la rescisión de un contrato de $12.5 millones para el suministro de piezas necesarias para reparar los aires acondicionados de aproximadamente 450 metrobuses que actualmente están fuera de servicio.
Mi Bus había rescindido el contrato, alegando que H3 Automation había incurrido en retrasos injustificados en la entrega de las piezas. Sin embargo, la Corte Suprema, con el magistrado Olmedo Arrocha como ponente, determinó que hubo una violación del debido proceso contra H3 Automation. La Corte aclaró que no hubo una falta de gestión por parte de H3 Automation y que Mi Bus tenía mecanismos administrativos para resolver el problema sin causar perjuicios graves y onerosos para el Estado.
El fallo subraya que la rescisión del contrato y la sanción impuesta a H3 Automation, que incluía una prohibición para licitar por cinco años, carecieron de fundamento legal. La Corte destacó que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas actuó sin justificación legal al imponer esta sanción. Además, la Corte señaló que, según el decreto No. 60-2019--DNMySC de julio de 2018, Mi Bus tenía la capacidad de gestionar compras de hasta $1 millón en equipos sin necesidad de pasar por una licitación pública. Esto indica que Mi Bus podría haber manejado la situación de manera diferente y evitado la falta de repuestos utilizando las excepciones permitidas por el decreto.
La paralización de los 450 metrobuses debido a la falta de reparación de sus sistemas de aire acondicionado ha tenido un impacto significativo en miles de usuarios del sistema de transporte público. Este fallo de la Corte Suprema resalta no solo la necesidad de adherirse al debido proceso legal, sino también la importancia de una gestión adecuada en la administración pública para evitar perjuicios a los ciudadanos.
El Pleno de la Corte Suprema concluyó que se vulneró el debido proceso de H3 Automation y reconoció los daños causados al contratista. La Corte señaló que la empresa fue despojada injustamente de la concesión obtenida conforme a la ley y que la prohibición de licitar por cinco años era una imposición excesiva y sin fundamento legal. Además, el fallo indicó que la resolución de Mi Bus podría haber retrotraído un proceso administrativo ya avanzado, lo que hubiera permitido una prórroga con su correspondiente multa en lugar de la resolución abrupta. Esto, según la Corte, podría haber evitado serias consecuencias para el Estado en términos de tiempo, burocracia y eficacia.
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La Corte aclaró que su decisión no tiene relación con los retrasos en la puesta en funcionamiento de los metrobuses al inicio del año escolar. La intención del fallo es evitar un retroceso en un procedimiento administrativo que ya estaba en curso y que no fue incumplido por negligencia de H3 Automation.
Este amparo fue aprobado por seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema. Los magistrados Cecilio Cedalise, María Chen Stanziola y Angela Russo emitieron votos disidentes.
