El escándalo de nepotismo en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ha destapado una olla de grillos que pone en tela de juicio la gestión de las universidades públicas en Panamá, donde se manejan cientos de millones de dólares cada año. Mientras el país se pregunta a dónde va realmente ese dinero, las denuncias por conflicto de intereses en la Unachi no han hecho más que encender los ánimos en la opinión pública.
Este año, las seis universidades del Estado recibieron un jugoso presupuesto de $820 millones. Sin embargo, para 2025, ese monto caerá a $726.5 millones, $93.5 millones menos, y los ojos están puestos sobre cómo se están usando esos recursos, especialmente en la Unachi, que sigue siendo criticada por mantener en su planilla a familiares de sus directivos con salarios que muchos consideran escandalosos.
Pero no es solo la Unachi la que está bajo el fuego. El costo por estudiante en las universidades públicas también ha levantado ampollas. En la Unachi, educar a cada estudiante le cuesta al Estado $4,838, mientras que en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) el costo asciende a $6,277. En la Universidad de Panamá, la cifra es de $4,000. ¿Es justo el reparto del presupuesto o se está favoreciendo a unos sobre otros?
La Unachi, con un presupuesto casi intacto de $107.9 millones para 2025, ha dejado a muchos preguntándose si realmente está haciendo el mejor uso de esos fondos. En contraste, la Universidad de Panamá, con 95,000 estudiantes, verá reducido su presupuesto en $46 millones, lo que ha puesto en jaque proyectos importantes como la nueva Facultad de Medicina, una promesa que sigue en el aire.
Frente a este panorama, los diputados han sacado las garras. El anteproyecto de ley 140 busca meterle mano a las universidades para regular sus finanzas y garantizar que la transparencia y la ética no se queden solo en el papel. Además, el anteproyecto 141 quiere reorganizar la Unachi y cortar de raíz la reelección de rectores, limitando su mandato a un solo periodo de cinco años. También se plantea eliminar las primas y bonos de antigüedad que, según los críticos, solo inflan los bolsillos de unos cuantos.
La pregunta que todos se hacen es: ¿seguirán las universidades públicas funcionando como feudos familiares o finalmente se impondrá una gestión más transparente y eficiente? Lo que está claro es que los próximos meses serán decisivos para el futuro de la educación superior en Panamá, y el fuego de la controversia apenas comienza.
Con información de prensa.com y Ohigginis Arcia Jaramillo
