El Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Ministerio de Salud (Minsa) anunciaron un plan conjunto para transformar la atención de salud dentro de los centros penitenciarios de Panamá. La estrategia contempla acciones inmediatas y a mediano plazo que incluyen reforzar el personal médico, garantizar el abastecimiento de medicamentos e implementar un programa de telemedicina, con el objetivo de acercar especialistas a los privados de libertad.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al jefe de Salud Penitenciaria, Miguel Ángel Chew, realizaron inspecciones en los penales La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere). Durante los recorridos se detectaron necesidades urgentes y se adelantó un estudio nacional para definir cuántos especialistas y médicos adicionales requiere el sistema.
Uno de los puntos clave es la telemedicina, que permitirá a los internos recibir consultas médicas con especialistas sin depender del traslado físico. De esta manera se busca reducir la pérdida de citas médicas por falta de transporte y mantener un registro estadístico más preciso sobre el estado de salud de la población penitenciaria.
“El programa acerca al privado de libertad a su especialista, evita retrasos y nos ayuda a llevar estadísticas más certeras”, explicó Chew.
Por su parte, el subdirector del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo, destacó que además del acceso remoto a especialistas, el plan contempla evaluaciones médicas más completas, así como la entrega oportuna de medicamentos. “Queremos garantizar que los privados de libertad cumplan con su derecho fundamental a la vida y a la integridad personal”, recalcó.
El trabajo interinstitucional entre Mingob y Minsa responde a la necesidad de modernizar la atención sanitaria en cárceles panameñas, donde la sobrepoblación y la falta de recursos han representado retos históricos. Con este convenio, se busca que cada interno tenga acceso efectivo a servicios médicos básicos y especializados, fortaleciendo así la salud pública y el respeto a los derechos humanos.
