La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, remitió una nota a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, en la que exige información precisa sobre posibles casos de niñas de entre 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de albergues bajo supervisión estatal.
El documento, fechado el 17 de marzo de 2026 y registrado bajo el número DM-0433-2026, se sustenta en la Ley 14 de 2009 y el Decreto N.° 404 de 2020, que establecen la responsabilidad de la Senniaf en la supervisión de estos centros de acogida. La solicitud se produce en un momento delicado, marcado por las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por presuntas irregularidades y abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
En la comunicación, la ministra plantea tres interrogantes clave. Primero, solicita confirmar si existen registros de niñas de 8 y 9 años embarazadas dentro de los albergues. De ser así, pide esclarecer si las menores ingresaron ya en esa condición o si el embarazo ocurrió posteriormente, durante su permanencia en estos centros.
Además, exige determinar si los hechos se produjeron dentro de los propios albergues y, en caso afirmativo, si se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. La nota también requiere detalles sobre las acciones adoptadas para garantizar la salud y la integridad física y psicológica de las menores involucradas.
El planteamiento no es menor. Un embarazo en niñas de esas edades constituye, por definición legal, el resultado de una violación sexual, delito tipificado y sancionado en la legislación panameña. De confirmarse casos dentro de centros estatales, el escenario apuntaría a fallas graves en los mecanismos de protección de menores en situación de vulnerabilidad.
