El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que su Gobierno prepara nuevas modificaciones a la ley de intereses preferenciales y al cobro del impuesto a las transferencias de bienes inmuebles (ITBI) del 2% aplicado a las viviendas nuevas, como parte de un paquete de leyes dirigido a reactivar la economía y el sector de la construcción.
Durante su intervención en la cena de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mulino adelantó que las iniciativas serán evaluadas en una reunión del Consejo de Gabinete prevista para dentro de dos semanas y posteriormente, serán enviadas a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia.
El mandatario, quien calculó que el conjunto estará integrado por cuatro o cinco proyectos considerados “vitales” para estimular la actividad productiva.
Una de las principales propuestas será la modificación de la ley de intereses preferenciales, con énfasis en la construcción de viviendas de menor precio en el interior del país, donde, según Mulino, el mercado inmobiliario no ha logrado recuperarse.
El presidente señaló que el objetivo es crear condiciones favorables tanto para los promotores y constructores como para las personas interesadas en adquirir una vivienda.
Dentro del mismo paquete mencionó que revisará el impuesto a las transferencias de bienes inmuebles (ITBI) de 2% que grava las viviendas nuevas y otras medidas de “competencia fiscal”.
En el caso del ITBI afirmó que lo eliminará, sin embargo en el Ministerio de Vivienda y en el despacho de Economía y Finanzas, la propuesta que hasta ahora se analiza es exonerarlo en algunos tramos de viviendas según el precio.
El presidente Mulino durante la cena empresarial de Apede, la noche del jueves 23 de julio de 2026. Cortesía PresidenciaMulino aclaró que estas modificaciones no constituirán una reforma fiscal general, sino ajustes específicos destinados a facilitar la inversión y dinamizar sectores que todavía muestran un bajo desempeño.
El ITBI, que estuvo exento durante más de 50 años para las viviendas nuevas, se comenzó a cobrar en enero de este año, lo que ha causado el rechazo del sector de la construcción, corredores inmobiliarios y promotores, quienes han advertido que podría trasladarse al precio final pagado por los compradores y entorpecer la venta de viviendas.
