El que pensaba que estafar en Panamá salía barato, ahora tendrá que pensarlo dos veces. El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 524, una reforma al Código Penal que aumenta las penas por el delito de estafa y mete mano más dura a quienes jueguen con el bolsillo ajeno.
La nueva ley, publicada en la Gaceta Oficial Digital del martes 26 de mayo de 2026, modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal, relacionados con la estafa simple y agravada. La Asamblea Nacional había informado previamente que el proyecto buscaba ajustar la proporcionalidad de las penas y reforzar las sanciones según las agravantes del caso.
Con la reforma, las condenas pasan de rangos que antes iban de 1 a 10 años de prisión, a sanciones que ahora pueden ir de 3 hasta 12 años, dependiendo de la gravedad del hecho, el monto afectado y la forma en que se haya cometido la estafa.
La legislación también pone la lupa sobre las estafas cometidas mediante medios informáticos, el uso de identidades falsas, el abuso de relaciones personales o profesionales y los casos en los que estén involucrados fondos públicos o sumas elevadas de dinero.
Otro punto fuerte de la norma es que contempla castigos más severos para administradores, gerentes, apoderados o personas que, por su posición dentro de una empresa o entidad, participen en maniobras fraudulentas.
La reforma llega en un momento en que las estafas digitales, los engaños por internet y las denuncias por fraudes económicos se han vuelto cada vez más frecuentes. Con esta ley, el Gobierno busca cerrar el paso a los vivos que, con cuentos, pantallas o cargos de confianza, terminan dejando a sus víctimas con los bolsillos golpeados.
