El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó para la próxima semana a una reunión con representantes de los jubilados y del sector empresarial, en un intento por encontrar una fórmula que permita hacer viable el proyecto que amplía los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores.
El encuentro se realizará en la Presidencia de la República y contará con tres representantes de gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). El propio mandatario anunció que participará en la reunión.
Mulino explicó este miércoles 2 de septiembre que el objetivo será buscar alternativas frente a los cuestionamientos surgidos luego de la aprobación del Proyecto de Ley 226.
“Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio”, informó el mandatario, quien agregó que espera encontrar una solución a los problemas generados tras la aprobación de la iniciativa.
Proyecto está en manos del Ejecutivo
La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto, con 47 votos a favor y uno en contra, y modifica la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Ahora está pendiente de la decisión del Ejecutivo.
El proyecto amplía descuentos existentes e incorpora otros en medicamentos, servicios de salud, agua potable, electricidad, internet, televisión por cable y artículos de asistencia para adultos mayores, entre otros productos y servicios. También contempla que los descuentos concedidos puedan reconocerse en un 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta.
Empresarios piden veto
La iniciativa ha generado fuertes cuestionamientos entre distintos sectores empresariales. La Cciap solicitó a Mulino vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226 y abrir una revisión técnica, fiscal y económica.
El gremio sostiene que, aunque es necesario proteger a los adultos mayores, aumentar los descuentos obligatorios podría ejercer una presión adicional sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
A las críticas se han sumado otros sectores. La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) solicitó igualmente un veto total, mientras que Fedecámaras pidió este miércoles un veto parcial y técnico, acompañado de una mesa de trabajo para revisar la iniciativa.
Jubilados quieren que se sancione
Del otro lado, organizaciones de jubilados han defendido el proyecto y solicitado al presidente Mulino que lo sancione.
Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, ha argumentado que la actualización de los beneficios es necesaria ante el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de este sector.
Los defensores de la propuesta destacan además que el proyecto incorpora el crédito fiscal como mecanismo para compensar a los comercios por los descuentos otorgados.
