En la Asamblea Nacional, la reciente propuesta del diputado suplente Gabriel Solís ha desatado una tormenta de controversias.
Solís, representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó el anteproyecto de ley número 223, que busca implementar la obligación de instalar detectores de gas, combustible o GLP en apartamentos bajo el régimen de propiedad horizontal.
Sin embargo, su iniciativa ha suscitado dudas sobre sus verdaderas intenciones.
El trasfondo de esta propuesta se remonta a una tragedia que ocurrió el 31 de mayo de 2019 en el PH Costa Mare, donde una explosión cobró la vida de un bebé y dejó a otros miembros de la familia gravemente heridos.
Durante su intervención, Solís justificó su propuesta al enfatizar la necesidad de medidas preventivas en el país. No obstante, lo que parecía ser una iniciativa destinada a mejorar la seguridad ha sido objeto de críticas.
A medida que se desarrollaba el debate, comenzaron a emerger preguntas inquietantes sobre la propuesta de Solís. Se reveló que el diputado tiene vínculos con empresas dedicadas a la instalación de sistemas de seguridad, lo que llevó a la sospecha de que su propuesta podría ser más un negocio personal que un esfuerzo genuino por proteger a la población.
La idea de que Solís podría beneficiarse económicamente de la obligación de instalar estos dispositivos generó un fuerte rechazo entre sus colegas.
El diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, fue uno de los más críticos durante el debate. Expresó su preocupación por la posibilidad de falsas alarmas que podrían generar una sensación de seguridad engañosa entre los ciudadanos. “La finalidad del dispositivo es prevenir tragedias mayores, como las ocurridas en el pasado”, respondió Solís, minimizando las inquietudes planteadas.
Vega también cuestionó si los cuerpos de bomberos y las autoridades competentes cuentan con los recursos necesarios para realizar inspecciones periódicas y asegurar el correcto funcionamiento de los detectores. Además, planteó dudas sobre la capacidad del sistema para supervisar la instalación de estos dispositivos en un número tan elevado de propiedades.
Uno de los puntos más críticos del debate fue el costo que la medida podría representar para las familias panameñas. Vega argumentó que la obligatoriedad de instalar detectores de gas podría suponer un gasto considerable para muchos hogares y sugirió que el proyecto beneficiaría a ciertas empresas, creando una demanda garantizada para la venta de estos dispositivos. “Diputado, venir a crear necesidades para obtener un beneficio personal y económico no es la forma de hacer leyes en Panamá que sean beneficiosas para el país”, afirmó Vega.
A pesar de las acusaciones, Solís insistió en que no tiene relación alguna con las empresas que podrían beneficiarse de la venta de los detectores. Sin embargo, la diputada Graciela Hernández instó a estudiar cuidadosamente cualquier propuesta relacionada con la seguridad de las edificaciones, sugiriendo que es vital consultar a los organismos responsables de certificar los sistemas de seguridad en los edificios. Sin este aval, la propuesta podría resultar incompleta o generar contradicciones con normativas existentes.
Finalmente, la propuesta de ley no fue aprobada por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, dejando a muchos preguntándose sobre la verdadera motivación detrás de la iniciativa de Solís y si la seguridad de los panameños se ha convertido en un negocio para algunos.
