La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, evitó dar respuestas directas sobre el fondo de compensación por retiro que permitirá a los magistrados jubilarse con el 100% de su último salario devengado.
Con un escueto “no, es que eso no es una circular”, López esquivó la pregunta de La Prensa sobre si reconsideraría la medida, establecida en el Acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024 y publicada en la Gaceta Oficial el 8 de agosto de 2025. La iniciativa ha provocado un aluvión de críticas.
El rechazo ha venido de todos lados: desde el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el contralor Anel Flores, la bancada Seguimos, la Apede, el Conep y la CCIAP, hasta el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien pidió públicamente reconsiderar la medida por no ser “cónsona” con la prudencia fiscal que el país intenta proyectar.
A estas voces se sumaron la Iglesia Católica, encabezada por Monseñor, así como el abogado Alfonso Fraguela, quien la calificó como un “privilegio” y recordó que el retiro voluntario en el pasado buscaba reducir planillas, no pagar beneficios especiales para cargos que seguirán existiendo.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal la tildó de “insólita, injustificada, inmoral, impuesta, indebida, impropia, irresponsable, impresentable, inconstitucional e impopular”, invitando a los ciudadanos a agregarle más calificativos.
Por su parte, el exdiputado Juan Diego Vásquez advirtió que, aunque respeta a jueces y magistrados honestos, este fondo “profundiza la desigualdad” y no es viable con la situación financiera actual.
López prometió dar una conferencia de prensa para explicar que “no se trata de un aumento para jubilados”, mientras crece la lista de sectores que exigen dar marcha atrás al polémico acuerdo.
