Una comisión conjunta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Defensoría del Pueblo llegó este jueves a la comunidad de Arimae, en la provincia de Darién, luego de recibir denuncias graves por supuestas violaciones a los derechos humanos durante recientes protestas sociales.
La visita tuvo como objetivo verificar las acusaciones hechas por líderes comunitarios, quienes aseguran que el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) utilizó cartuchos y municiones en territorio colectivo para reprimir manifestaciones pacíficas. Los hechos habrían ocurrido durante protestas contra la Ley 462 y la posible reapertura de la mina de Donoso, decisiones que han generado rechazo entre las comunidades indígenas.
Fernando Wing, director del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, confirmó que la comisión recorrerá varias comunidades durante dos días —incluyendo Piriatí, Embera Purú y Pueblo Nuevo— para levantar testimonios y pruebas que alimentarán un informe preliminar sobre el impacto de las protestas a nivel nacional.
Entre los testimonios recogidos en Arimae, se reportaron personas heridas de gravedad y afectaciones en tierras ancestrales. La tensión en la zona se mantiene, mientras que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han encendido las alarmas ante el posible uso excesivo de la fuerza y la falta de respeto a garantías fundamentales.
Además, en medio de la investigación, la Defensoría del Pueblo reveló que no existe registro oficial del cuerpo de un menor de 12 años presuntamente fallecido en Emberá Purú, según confirmó el Instituto de Medicina Legal mediante oficio N°393-2025. Aun así, el caso sigue bajo seguimiento.
