José Miguel Jurado Rovira, el último sujeto imputado -hasta ahora...- como parte de la operación Pandora, habría desempeñado un papel clave en la estructura investigada por el presunto fraude con créditos fiscales que se desarrolló desde las entrañas de la Dirección General de Ingresos (DGI),entre 2024 y 2025.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Jurado tramitó $23 millones a través de las cuentas bancarias de dos sociedades utilizadas en el esquema: Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside. Una auditoría interna e la DGI de octubre pasado identifica a Jurado como “representante legal” de ambas.
De los $23 millones que circularon por las cuentas de estas dos sociedades, $2.3 millones acabaron depositados en cuentas personales a nombre de Jurado, un chiricano de 56 años de edad que se presenta como “asesor financiero”.
Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside fueron utilizadas como “intermediarias” en la venta de los créditos fiscales a BAC International Bank, según la investigación que maneja la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Durante una audiencia desarrollada este viernes 17 de julio, ante la juez de garantía Meylín Jaén, Jurado calculó que genera entre $20 mil a $30 mil mensuales por sus servicios de asesoría financiera, que prestaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Rally, en avenida Balboa.
Esas oficinas fueron allanadas por agentes de la fiscalía y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Sin embargo, lo que encontraron fue un local vacío. El conserje del edificio les informó que hacía meses no llegaba nadie por ahí.
El fiscal Dagoberto Alvarado relató que el Jurado era parte de la estructura criminal formada por funcionarios de la DGI que, a través de la manipulación del sistema e-Tax, alteraban créditos fiscales.
También explicó que la red diversificaba sus tareas: unos funcionarios falsificaban los correos electrónicos; otros, los documentos; otro grupo gestionaba la venta de los créditos fiscales, y uno más estaba a cargo de canalizar y distribuir el dinero. Por eso, se les atribuye la comisión de tantos delitos: corrupción de funcionario público, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y delincuencia organizada.

