La diputada y precandidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez está en tremendo lío legal.
Y es que luego de dos meses de tratar de ubicarla para ser noticiada de un proceso judicial finalmente la localizaron en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, en donde se encontraba buscando firmas para su candidatura presidencial afuera del oficialista PRD.
Por ser diputada de la República, que por cierto, su nombre aparece dentro de los que archivaron la ley de extinción de dominio, debe ser investigada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La diputada de San Miguelito está siendo investigada por hurto, estafa, prevaricato, asociación ilícita y lavado de dinero por el escándalo de los lingotes de oro. Esta investigación la destapó el portal Foco hace más de dos años. Incluso, la diputada los demandó sin éxito.
Rodríguez desde la Asamblea Nacional, con su “inmunidad” se la ha pasado atacando a casi todos los sectores políticos, sociales y económicos del país, pero cuando la llaman a capítulo dice que la persiguen políticamente. Desde que se inició la investigación se desapareció de la Asamblea Nacional.
La diputada no había podido ser notificada por el Órgano Judicial a pesar que debiera ser localizable en sus residencias de la capital y San Miguelito. Al parecer se encontraba ayer en Azuero, región que ha visitado para el Desfile de las Mil Polleras y ahora para la Feria Internacional.
Funcionarios del Órgano Judicial lograron notificar formalmente ayer a Zulay Rodríguez de un proceso legal que se ha activado en su contra por el supuesto hurto de 65 kilos de oro al orfebre mexicano José Luis Penagos, valorados en aproximadamente 4 millones de dólares.
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Esta investigación tiene que ver porque los familiares del difunto José Luis Penagos interpusieron una denuncia en el Ministerio Público contra ella, su esposo Álvaro Testa (trabaja en la ACP), Rafael Araúz y Luz Canto.
Los familiares de Penagos alegan que la diputada se quedó con 65 kilos de oro cuando este la contrató para recuperar los lingotes que fueron decomisados en el Aeropuerto de Tocumen.
Los delitos de los que se les acusan son hurto agravado, estafa calificada, prevaricato, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.
El artículo 389 del Código Penal señala que el apoderado que mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, perjudique la causa que ha sido confiada, o que, en una misma causa, sirve a partes con intereses opuestos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. (prevaricato)
Si el autor es defensor de un imputado en un proceso penal, la sanción se aumentará hasta la mitad, se añade en el artículo 389.
La diputada ha señalado anteriormente que todos los señalamientos es su contra son “completamente falsos” y detalló que tuvo un juicio civil, amparo de garantía y acudió a la Corte Suprema de Justicia, por un litigio de hace nueve años.
Afirmó que ganó todos los casos y el orfebre Penagos nunca quiso pagarle los honorarios profesionales.
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