Panamá invierte $70 millones en respuesta a la crisis migratoria

En los últimos 15 años, Panamá ha enfrentado un aumento significativo en la migración irregular, con más de un millón de migrantes que han cruzado la selva de Darién hacia Estados Unidos. Este fenómeno ha sido especialmente notable en el último quinquenio, que ha visto más de la mitad de ese total.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, ha destacado la gestión de la crisis migratoria por parte del Estado panameño desde 2020, a pesar de la complejidad del problema, que incluye la presencia de “perfiles altos” de varias organizaciones criminales entre los migrantes.

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Para la próxima semana, se han programado cinco vuelos chárter para deportar a personas con antecedentes criminales detectados a través de pruebas biométricas. Además, Panamá ha invertido considerablemente en seguridad y asistencia humanitaria, incluyendo la presencia del personal del Ministerio Público en áreas fronterizas.

La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, dijo que la inversión del Estado, que supera los $70 millones, se ha destinado a cubrir alojamiento, alimentación, evacuaciones, rescates, atención a personas especialmente vulnerables, insumos, y el retorno en vuelos humanitarios de más de 5 mil venezolanos. Sin embargo, el apoyo de la cooperación internacional ha sido limitado.

A pesar de las críticas de organizaciones internacionales, la directora Gozaine destacó que los controles biométricos han sido una herramienta valiosa para detectar criminales peligrosos y rescatar a víctimas de secuestro. Además, han permitido identificar a personas buscadas en sus países por diversos delitos, incluyendo pedofilia, terrorismo, narcotráfico y homicidio. También rechazó categóricamente el informe presentado por Human Rights Watch, asegurando que este informe no refleja la realidad y tiene un propósito oculto que solo ellos saben cual es.

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El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, dijo que el Estado panameño en su compromiso de velar por el acceso a la justicia al que tiene derecho todo ser humano, mantiene en las comunidades receptoras y en los centros de recepción migratoria en Darién, personal del Ministerio Público, que trabajan en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración, para atender cualquier hecho delictivo que se cometa en el área.

Durante la conferencia de prensa también participó el director de Senafront, Jorge Luis Gobea, se refirió a los más de 170 campamentos han desmantelados las unidades fronterizas y a las más de 200 personas entre panameños y extranjeros, retenidos por robo, violaciones y tráfico humano en Darién y Guna Yala, que han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Desde 2021 hasta la fecha, se han rescatado a 1.760 migrantes a través de evacuaciones médicas y operaciones de rescate. Las causas de muerte más comunes en las rutas migratorias irregulares incluyen inmersión, paro cardiorrespiratorio y homicidio. Además, se han realizado 321 aprehensiones de personas involucradas en delitos contra migrantes.

Desde enero, más de 114 mil migrantes han pasado por la selva de Darién, más del 20% de los cuales son menores de edad. Los delitos más comunes denunciados en las rutas migratorias irregulares incluyen robo y violación.