De acuerdo con registros del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público en los últimos seis años, en Panamá se ha registrado aumentos considerables en cuanto al delito de extorsión. Las denuncias de este tipo aumentaron en 360%, si se compara con los registros del 2015 contra el 2020 -95 versus 437.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a través de su Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) con el apoyo de Iniciativa Global (Global Initiative) y Coaliciones por la Resiliencia, desarrolló un segundo webinar, donde analizaron el tema de “la Extorsión en Centroamérica y lecciones para Panamá hacia el combate, control y prevención de este delito”.
Por región del país existe una mayor incidencia delictiva de este delito en las provincias en donde se concentra en mayores proporciones el PIB del país que son: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón. La provincia de Panamá que genera mayor actividad económica se concentra el 49% de las denuncias registradas por el delito de extorsión en el 2020(p), según cifras preliminares del Ministerio Público. Le siguen las provincias de Panamá Oeste con el 19% del total de las denuncias registradas en el país. Chiriquí concentra el 12% y la provincia de Colón con el 8% del total de denuncias registradas, como las más sobresalientes.
Jean-Pierre Leignadier, presidente de la CCIAP, señaló que prevenir este tipo de delito no es tarea fácil, para ello, se requiere implementar mecanismos de reportes preventivos para ciudadanos y negocios que permitan el monitoreo de la extorsión en sus distintas modalidades delictivas.
Las fiscalías en Panamá no cuentan con suficiente equipo tecnológico y personal para enfrentar el delito de extorsión que mutó a través del tiempo.“A través del webinar organizado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de nuestro gremio se abre un espacio de intercambio, para que los tomadores de decisiones puedan analizar con mayor profundidad las diversas alternativas de evaluar acciones y políticas públicas que apunten a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en el país”, agregó Leignadier.
Además, dijo que esta contribución refuerza el objetivo de promover un país más seguro y la promoción de una cultura de convivencia pacífica, a través de un trabajo conjunto entre las instituciones de Gobierno y todos los sectores de la sociedad.
En Panamá y Costa Rica, se vive una dinámica diferente. Ahí también están presentes las pandillas y la amenaza de extorsión que representan. Sin embargo, estas no dependen en gran medida de esta actividad, sino de las ganancias generadas por el tráfico de drogas.
Por otro lado, al analizar las debilidades que tiene Panamá al enfrentar este delito se puede mencionar que: las personas en su mayoría no denuncian este delito, generalmente por miedo; las fiscalías no cuentan con suficiente equipo tecnológico y personal para enfrentar este delito que ha mutado a través del tiempo; no hay sensibilización interinstitucional (público-privada) en el tema; no hay suficientes registros administrativos y judiciales que estén desagregados por sexo, edad y lugar de ocurrencia, específicamente por barrios o corregimientos tanto de la víctima como del victimario y no existe información digital forense que permita medir la ocurrencia de este tipo de delito a través de medios tecnológicos o redes sociales.
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Guillermo Vásquez del Mercado A., de nacionalidad mexicana y especialista senior en análisis e implementación de políticas públicas de seguridad y miembro de la Red de Expertos contra la Extorsión, Global Initiative, fue el encargado de desarrollar la presentación “La Extorsión en Centroamérica y Lecciones para Panamá hacia el combate, control y prevención de este delito”.
Según un reporte de Extorsión de Iniciativa Global y de Insight Crime denominado “Una Cultura Criminal, Extorsión en Centroamérica”, a diferencia de Panamá, en algunos países de la región, la extorsión es tan común que es ya una característica socioeconómica en la vida diaria de los ciudadanos, de las empresas y del propio tejido institucional del Estado.
Este reporte, en cuanto a las víctimas de extorsión, indica que en Centroamérica abarcan todos los estratos sociales y económicos, desde habitantes de barrios pobres o dueños de negocios informales, hasta grandes compañías internacionales. Y los pagos no se realizan solo con dinero en efectivo: alimentos, bienes, servicios, e incluso pagos sexuales son aceptados como ‘moneda de cambio’.
En Honduras, Guatemala y El Salvador, el aumento de la extorsión se ha definido a través del crecimiento de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, pandillas conocidas localmente como maras. Con lujo de violencia, estos grupos han hecho de la extorsión su principal fuente de ingresos, creando esencialmente su propia economía criminal al imponer impuestos a las vidas y medios de sustento de la gente común. Al tratarse de un crimen encubierto, basado principalmente en amenazas de violencia, miedo y con muy bajas tasas de denuncia, la extorsión es difícil de medir.
