La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) y la constructora española FCC llegaron a un acuerdo, que aún debe ser refrendado por el Gobierno Nacional, para que un consorcio de firmas panameñas finalice una gran y millonaria obra hospitalaria, informaron a Efe fuentes oficiales.
El seguro social panameño y FCC mantenían desde hace casi un año un conflicto contractual por retrasos en la construcción que había llegado a un tribunal internacional de arbitraje, que con este acuerdo, aún por aprobar por el Consejo de Gabinete, evitaría dicha mediación.
El presidente Laurentino Cortizo anunció el martes que un consorcio conformado por tres empresas panameñas terminaría el proyecto conocido como Ciudad de la Salud.
“Estamos adelantando la negociación con IBT (empresa) para reiniciar los trabajos de los cuatros hospitales abandonados”, dijo Cortizo en Colón.
En octubre pasado, el estatal Seguro Social panameño informó que un conjunto de contratistas panameños asumirían los trabajos de adecuación para tratar a pacientes con covid-19 en la megaobra, tras negociar con la constructora española.
La CSS adjudicó en 2012 el proyecto a la constructora española FCC, cuyo mayor accionista es el magnate mexicano Carlos Slim, por un monto original de 587,5 millones de dólares que, tras adendas, se ha elevado al menos hasta los 769,54 millones de dólares.
La Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria es un conjunto de edificios diseñados originalmente para albergar 43 quirófanos, 1.235 camas y consultorios para diversas especialidades médicas, que alcanza un 65 % de avance.
A inicios de agosto pasado, la CSS solicitó a FCC que les presentara un proyecto para la habilitación de tres salas en esta instalación para tratar pacientes de la covid-19, pero la constructora exigió un pago de 125 millones de dólares a través de un Tribunal de Arbitraje Internacional, una cantidad que Panamá rechazó.
El director de la CSS dijo en una comparecencia pública que “sorpresivamente” la CSS recibió “una notificación” de FCC donde “solicita resolver unilateralmente el contrato y con eso dar por terminado sus compromisos con la CSS, aduciendo causa de fuerza mayor, incluyendo ahí lo que ha sucedido con la covid”, lo que el ente panameño rechazó “porque el país quedaría desprotegido ante cualquier reclamación”.
Una semana después, anunció el inicio de un proceso de “resolución administrativa” o extinción del contrato con FCC por el proyecto hospitalario “por una serie de incumplimientos que el contratista ha tenido”.
Este proyecto es investigado por la Justicia de España en una causa en la que FCC está imputada por haber pagado sobornos que suman 82,7 millones de dólares, como la misma empresa ha admitido según la información judicial española, para obtener este contrato y otros para la construcción de las líneas 1 y 2 del metro de la capital panameña.
CON INFORMACIÓN DE EFE
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