Unos 30 manifestantes estuvieron presente a las afueras de la sede provisional de la Procuraduría General de la Nación en el corregimiento de Ancón. Esperaban que el procurador Eduardo Ulloa les recibiera una carta, pero esto no pasó.
Foto: Mi Diario/Roberto Cisneros
Foto: Mi Diario/Roberto CisnerosLas manifestaciones por los abusos a menores de edad de distintos albergues del país siguen a diario, se exige justicia y el presidente Laurentino Cortizo ha pedido celeridad, que de momento no se deja ver.
Este martes, el diputado Juan Diego Vásquez se ha pronunciado a la intervención de la Asamblea Nacional en el caso, y dejó claro que su intención no es entorpecer ni politizar el hecho tan lamentable que se presentó por años y que recién ahora ha causado conmoción nacional.
Foto: Mi Diario/Richard Bonilla“La Asamblea, o por lo menos yo, no tengo la intención de politizar o entorpecer el proceso. Nadie ha dicho que tenemos que llamarla para investigar y meterlas presa”, expresó.
“Si el procurador quisiera hacer el trabajo que está llamado a hacer, ya lo hubiese hecho. Sin que nosotros hagamos o dejemos de hacer, él ya tiene que haber imputado, ya tiene que haber investigado, ya tiene que comenzar una investigación más profunda para encontrar a todos los responsables de oenegés y el gobierno”, opinó.
La semana pasada, Ulloa dijo que ya hay imputaciones y acusaciones, pero sin detallar los posibles responsables.
“En algunos ya se han dado imputaciones, acusaciones. Tenemos procesos que nada más están a la espera de la audiencia de juicio, pero lamentablemente eso no lo manejamos nosotros; tenemos uno que la audiencia se ha fijado para 2023″, afirmó Ulloa.
LA CIUDADANÍA MERECE SABER
Vásquez se preguntó cómo la Asamblea va a legislar sobre la realidad en los albergues si no cita a todas las mujeres involucrados en la actualidad y el pasado reciente en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
“Queremos escuchar respuestas y que nos brinden una idea real, clara, con datos de como es el estado de los menores a cargo del Estado”, indicó.
“Qué leyes se necesitan, cuáles hay que cambiar un poco”, se preguntó. “¿La supervisión cada 6 meses, según el decreto, funciona o no funciona?”.
Aclaró que acá no se busca irrespetar la confidencialidad porque llevaría a una revictimización de los menores de edad, pero si que se conozca si se cumplió la labor.
