Solo hace unas semanas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, advirtió que la prioridad del gobierno era la reactivación económica y que había que “denunciar y trabajar”.
Pero parece que el viaje del presidente Cortizo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York fue aprovechada para que la directora de Aduanas, Tayra Barsallo, acudiera al Ministerio Público a presentar una denuncia contra la administración pública por una posible defraudación de 2.4 millones de dólares.
Barsallo es abogada y miembro del PRD.
Seguidamente, la asesora del Ministerio de Seguridad, Ana Luisa Castro, acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar 14 demandas de nulidad por irregularidades en los ascensos en los estamentos de seguridad. La funcionaria interpuso 14 demandas de nulidad, pero dijo que hay como 200 casos.
El Ministerio de Seguridad lo dirige el perredista Rolando Mirones.
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Como si fuera poco, la ministra de Vivienda, la chiricana, Inés Samudio, adelantó que la próxima semana podrían estar denunciando malos manejos en el programa Techos de Esperanza y no descartó tampoco al programa Sanidad Básica.
Ambos programas fueron temas insignias de la gestión de Juan Carlos Varela, quien advirtió que podía responder por lo licitado en su mandato y que no se iría del país.
Hoy jueves 26 de septiembre, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Manuel Araúz, dijo que encontraron una entidad corrupta. El funcionaria pidió más fondos a la Comisión de Presupuesto para la compra de arroz y jamones para los programas del fin de año.
