La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes Panameños (Senadap) solicitó formalmente la remoción de su director general, Nolis Boris Góndola Solís, luego de recibir un informe que detalla múltiples irregularidades en su gestión administrativa.
El documento, elaborado por una comisión investigadora integrada por representantes de varios ministerios, concluye que hubo un manejo inadecuado de la institución, marcado por la falta de rendición de cuentas, incumplimiento de decisiones oficiales y una evidente ruptura en la comunicación interna.
Las investigaciones se iniciaron tras denuncias presentadas el pasado 17 de marzo por organizaciones afrodescendientes, miembros de la propia Junta Directiva y funcionarios de la entidad. A partir de ello, se conformó una comisión para analizar las actuaciones del director y esclarecer los hechos conforme a la ley.
Entre los principales hallazgos, se identificó el desacato a decisiones formales, como la unificación de sedes previamente acordada, así como la omisión de funciones clave, entre ellas la elaboración de actas en su rol como secretario de la Junta Directiva. Además, se señala una gestión administrativa deficiente, con concentración de funciones en un grupo reducido, exclusión del resto del personal y falta de ejecución institucional.
El informe también expone irregularidades en la gestión de recursos humanos, ausencia de convocatorias a reuniones, falta de transparencia en información sobre presupuesto y planificación, y la toma de decisiones unilaterales que afectaron el funcionamiento de la entidad.
Otro punto crítico es la posible afectación patrimonial al Estado, debido a la permanencia en un inmueble arrendado que generó gastos evitables, pese a decisiones previas de la Junta.
Asimismo, se advierte un deterioro del clima laboral, con conductas consideradas confrontativas y evasivas, lo que habría provocado una pérdida de confianza tanto interna como externa, impactando incluso la cohesión del movimiento afrodescendiente.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Junta Directiva, amparada en la Ley 379 de 2023, decidió solicitar al Órgano Ejecutivo la remoción del funcionario, al considerar que su continuidad es incompatible con la necesidad de restablecer el orden institucional.
El informe también será remitido a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades derivadas de los hechos señalados.
La Junta reiteró su compromiso con la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y el fortalecimiento de la institucionalidad en beneficio de las comunidades afrodescendientes del país.
