En medio de los cuestionamientos por la compra de queso nacional, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) salió a aclarar el origen de los fondos utilizados y su relación con la emergencia que enfrenta Panamá tras el terremoto del 9 de octubre.
LEA TAMBIÉN: Minsa detecta 34 casos de malaria cerca de Merca Panamá: ¿se transmite por los alimentos?
Mediante un comunicado emitido el 14 de octubre, la entidad aseguró que esta adquisición no tiene relación con la emergencia nacional y que los recursos no provienen del presupuesto destinado a atender a las familias damnificadas.
Además, precisó que el queso comprado no forma parte de los alimentos distribuidos casa por casa en las zonas afectadas por el sismo, donde se están entregando productos secos.
¿De dónde salieron los $1.5 millones?
El IMA explicó que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) trasladó B/.1,500,000 para realizar la compra de queso nacional.
La operación se tramita mediante asociaciones como la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (APROQUELPA), que agrupan a distintas queseras y procesadores afectados por la sobreproducción.
Según la institución, entre 19 y 21 plantas procesadoras participan en este proceso.
La entidad detalló que la iniciativa surgió en junio, cuando la Asociación de Ganaderos y la Asociación de Productores de Leche Grado C de Provincias Centrales (APLEPC) solicitaron apoyo al ministro del MIDA, Roberto Linares.
El objetivo era evitar pérdidas de leche a gran escala, recortes en la producción y una caída drástica de los precios.
Sobre los cuestionamientos relacionados con los registros de las agroindustrias, la institución aclaró que el procedimiento puede tramitarse bajo un solo nombre por razones administrativas.
Sin embargo, aseguró que el expediente incluye a todas las plantas y queseras que participan en el programa.
¿De dónde surgió la polémica?
La aclaración del IMA surge luego de los cuestionamientos por una presunta compra de $300 mil en queso blanco, en medio de la emergencia provocada por el terremoto. En las declaraciones se cuestionó el manejo de los $100 millones del estado de emergencia y se exigió que los ministros rindan cuentas sobre el uso de esos recursos, mientras comunidades afectadas siguen esperando ayuda.
“Hay zonas del país donde ni siquiera le ha llegado un grano de arroz ni una lata de tuna”, se denunció, al tiempo que se pidió a la Contraloría detener el acto público cuestionado.
