Las pruebas son contundentes e innegables, el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado y en estos momentos goza de una gran influencia sobre los principales actores políticos del país.
En el pasado gobierno, el entonces presidente Varela advertía de la conexión entre criminales y políticos, pero sus señalamientos solo quedaron en denuncias públicas y nunca se actuó con contundencia para desmantelar esta nefasta alianza que parece haberse robustecido en los últimos años.
Y es que sin ningún desparpajo, políticos de alto perfil de la actual administración gubernamental han hecho alarde de sus estrechas amistades con narcotraficantes y líderes pandilleros. Por ello, no deben extrañar los fallos judiciales y decisiones de seguridad pública que parecieran estar destinadas a favorecer el actuar de los criminales y dejar en la indefensión a la población.
De la mano de muchos de nuestros políticos, la mayoría de ellos miembros del partido gobernante, el país avanza hacia un Estado de criminales, y como siempre las consecuencias las pagarán los ciudadanos.
