A pesar del fallo condenatorio a cinco personas y la absolución de otras 10 en el denominado caso New Business, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales tiene aún varios asuntos sin resolver.
Por un lado, está pendiente el juicio a David Ochy Diez, directivo de Transcaribe Trading (TCT), empresa que transfirió fondos a la cuenta canasta de New Business Services Ltd., que en realidad eran adelantos que el Estado había entregado a cambio de remodelar la autopista Arraiján-La Chorrera.
Por el otro está su hermana Dina Ochy Diez y las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio. Las tres fueron declaradas prófugas e incluso se emitieron alertas rojas de Interpol para su ubicación, detención y conducción.
Las Friguerio Tolomei están ligadas a la sociedad Condotte Panamá, que logró contratos con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para la construcción de las ciudades deportivas de David y de Colón, ambas inexistentes hasta la fecha.
Por culpa del fuero
David y Dina Ochy tienen un hermano, Daniel, que ya fue enjuiciado y condenado por la juez Baloisa Marquínez a 96 meses de prisión por blanquear los fondos que se utilizaron para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, bajo la presidencia de Ricardo Martinelli Berrocal. Martinelli también fue condenado por Marquínez, a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
Lo que pasó con David Ochy es que cuando la juez Marquínez celebró el juicio de New Business, del 23 de mayo al 2 de junio pasado, él gozaba de un fuero electoral penal que había adquirido como precandidato presidencial en las primarias del partido Realizando Metas (RM).
A este imputado se le suspendió el fuero penal electoral, tras una petición de otra juez penal (Agueda Rentería, quien está al frente del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales), quien le formuló cargos por presunto peculado precisamente por el contrato del diseño y construcción de la autopista.
El 30 de mayo pasado, el Tribunal Administrativo Electoral suspendió el fuero penal, extensivo a todas las causas seguidas al hasta entonces aforado. Pero ya era tarde: Rentería tuvo que declarar la ruptura procesal y llevar su caso de forma separada al resto de los investigados. Lo mismo le pasó a la juez Marquínez: la audiencia de New Business ya se había iniciado (el 23 de mayo) cuando el Tribunal Administrativo Electoral adoptó su decisión.
Roberto Moreno, abogado de David Ochy, aseguró ayer jueves que, en cuando a New Business, aún no le han notificado cuándo será el juicio de su cliente.
Recursos de apelación se dilatan
El pasado miércoles, la juez Marquínez hizo una “corrección” escrita al fallo divulgado el pasado martes, para aclarar que la multa de $19.2 millones impuesta a Martinelli deberá ser cancelada en un lapso de 12 meses, una vez quede la sentencia ejecutoriada. En el fallo original, se informó equivocadamente que Martinelli debía pagar la multa (que es una pena accesoria) una vez cumpla la pena principal (que son los 128 meses de prisión).
La corrección, consignada en el Auto Vario 136 del 19 de julio de 2023, provoca que el tiempo para la presentación de los recursos de apelación se extienda hasta el próximo 1 de agosto.
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que, de acuerdo con la norma vigente, las partes tienen tres días hábiles para anunciar el recurso de apelación, que se cumplirían el próximo lunes, y otros cinco días (hasta el 1 de agosto) para la presentación del recurso.
Hasta ayer, ninguno de los abogados defensores de las cinco personas que resultaron condenadas (Martinelli, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Valentín Martínez e Iván Arrocha) había anunciado formalmente al juzgado la presentación de un recurso de apelación. La defensa de Martinelli sí lo hizo, pero en la televisión.
En su teoría del caso los fiscales Uris Vargas, Emeldo Márquez y Gilberto Arona alegaron que la sociedad New Business sirvió de canasta para la compra de Epasa con dineros ilícitos.También se consultó al Ministerio Público sobre una eventual apelación, pero se informó que los fiscales especializados contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez y Uris Vargas, se encuentran aún analizando la sentencia para tomar una determinación sobre una posible apelación en cuanto a las 10 personas que fueron absueltas por la juez Marquínez.
Carlos Carrillo, del equipo de abogados de Martinelli, explicó que ellos utilizarán los recursos que les permite la ley para impugnar la decisión asumida por la jueza Marquínez, por considerar que su cliente no incurrió en ilícito alguno.
La declaración de Yanibel Ábrego
En el juicio que concluyó el pasado 2 de junio, tras más de 75 horas de alegaciones, la defensa del expresidente aportó una prueba que resultó ser útil a la juez, pero para condenar a Martinelli, no para absolverlo.
Esa prueba era una declaración notariada de la diputada del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, quien contó que, cuando Martinelli estaba detenido preventivamente en El Renacer, entre 2018 y 2019, lo visitó en el penal para transmitirle un mensaje del entonces presidente Juan Carlos Varela: sus casos judiciales serían “cerrados”, si le traspasaba el control de Epasa.
Martinelli -según Ábrego- rechazó la propuesta y dijo que para quitarle la editora, tendrían que “matarlo”. Agregó que esa respuesta no fue del agrado de Varela.
Según la juez Marquínez, dicha declaración “corrobora periféricamente” que Martinelli mantiene el control y participación accionaria dentro de Epasa, “sin que se hayan presentado los mecanismos a través de los cuales se obtuvo dicha participación societaria”.
Esa declaración es congruente con la teoría del Ministerio Público, que ha mostrado la telaraña de sociedades y cuentas bancarias utilizadas para mover los fondos públicos con los que se adquirió Epasa. Según la fiscalía, Martinelli tiene el control y es el beneficiario del 60% de las acciones de la editora, a través de la sociedad Corporación de Inversiones Multimedios. El 40% restante lo tenía Henri Mizrachi y ya está en poder del Estado.
En este punto la juez concluyó que si bien quedó demostrado la adquisición de un porcentaje minoritario de acciones de Epasa a través de “fondos lícitos”, no es menos cierto que se le atribuye la adquisición de un alto porcentaje, “a través de distintos mecanismos de estratificación y circulación de dineros procedentes de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, relacionados a contratos celebrados con el Estado en la época que figuraba como primer mandatario del Estado panameño”.
