El segundo debate del proyecto de ley 313, que reforma el sistema de descentralización en Panamá, quedó suspendido este martes 28 de abril luego de que se presentaran al menos 47 propuestas de modificación en el pleno de la Asamblea Nacional.
Las iniciativas fueron introducidas por el diputado Alaín Cedeño, de la bancada oficialista Realizando Metas (RM), y la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos. Ambas propuestas buscan ajustar el contenido del proyecto impulsado por el presidente del Legislativo, Jorge Herrera.
La iniciativa establece, entre otros puntos, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera la totalidad de los fondos de descentralización a municipios y juntas comunales, en lugar de ejecutarlos parcialmente, como ocurre en la actualidad. Prado explicó que sus modificaciones están orientadas a reforzar la transparencia, incluyendo un nuevo artículo que obligaría a publicar los traslados de fondos para evitar lo que denominó “descentralización paralela”.
Sin embargo, la cantidad de cambios generó cuestionamientos en el pleno. El diputado Luis Eduardo Camacho, también de RM, manifestó su sorpresa al considerar excesivo el número de modificaciones para un proyecto con menos de 60 artículos.
Camacho puso en duda si lo que se discutía correspondía al texto aprobado en primer debate o a uno completamente distinto. “No soy Mandrake el Mago para conocer todos los cambios y emitir una opinión inmediata”, expresó durante su intervención.
Tras el intercambio, el vicepresidente de la Asamblea, Eliécer Castrellón, decretó un receso. Minutos después, la sesión fue retomada por Herrera, quien instruyó al secretario general, Carlos Alvarado, a leer la propuesta para suspender el debate, la cual fue aprobada por los diputados a golpe de curul.
En el hemiciclo también se encontraban varios alcaldes del país, entre ellos Mayer Mizrachi, quien en marzo pasado denunció la falta de recursos de descentralización. En esa ocasión, señaló que el Gobierno central estaría reteniendo fondos que, por ley, deben ser transferidos a los municipios, lo que —según advirtió— afecta la capacidad operativa y financiera de las alcaldías en todo el país.
