El abogado Abdiel González Tejeira, representante del movimiento independiente Proyecto Arraiján, presentó una denuncia criminal contra la alcaldesa Estefany Peñalba la mañana del lunes 18 de noviembre. Según González, la querella incluye presuntos delitos de abuso de autoridad, infracción de los deberes de servidor públicos, extra limitación de sus funciones, omisión de deberes de deberes de funcionaria pública, presunto tráfico de influencias, peculado y asociación ilícita para delinquir.
Polémico Decreto 8 bajo la lupa
La denuncia señala irregularidades en el Decreto 8, el cual introduce nuevas sanciones administrativas. González destacó que algunos numerales violan la Constitución y duplican sanciones ya contempladas en leyes nacionales.
Uno de los ejemplos citados es el numeral 47, que exige a los arrendadores presentar contratos de arrendamiento notariados y registrados ante el MIVIOT o la ATP, bajo pena de una multa de B/.1,500.00 por unidad arrendada. Según el abogado, esta disposición contraviene regulaciones vigentes.
También criticó el numeral 61, que impone multas de B/.500.00 por estacionarse en espacios reservados sin el carné de SENADIS o de embarazadas, ya regulado por la ATT. “El ciudadano no puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho”, enfatizó.
Otra sanción señalada fue el numeral 62, que multa con B/.1,500.00 a quienes estacionen en áreas prohibidas. González recordó que la Corte Suprema de Justicia ya dictaminó que este tipo de regulaciones son competencia exclusiva de la ATT.
Irrespeto y libertad de expresión en juego
El numeral 69, que sanciona con multas de hasta B/.3,000.00 el “irrespeto verbal o escrito” a funcionarios municipales, también genera preocupación. González afirmó que esta medida parece diseñada para inhibir críticas a la alcaldesa, violando el derecho a la libertad de expresión.
Además, señaló que el numeral 75, relacionado con la caza de especies protegidas, ya está contemplado en el Código Penal, por lo que carece de sustento jurídico.
Nepotismo y peculado
La denuncia incluye presuntas prácticas de nepotismo. Según la representante suplente de la Junta Comunal de Burunga, Keiry Sánchez, familiares de la alcaldesa, como su tía Ester Peñalba y su primo Jeison Cheverría, figuran en la planilla municipal con salarios de B/.1,500.00, pese a que la primera está jubilada y, supuestamente, ambos sin cumplir funciones laborales.
González advirtió que la alcaldesa podría haber incurrido en peculado, un delito que las autoridades deben investigar. Ante esto, el abogado exigió el allanamiento del Municipio de Arraiján y la separación del cargo de la alcaldesa.
“Actitud dictatorial”
“Este decreto es inconsulto, anti-jurídico y violatorio de leyes. Su implementación crea un ambiente hostil y refleja una actitud dictatorial, propia de regímenes autoritarios”, concluyó González. Aseguró que el movimiento independiente, liderado por Luis González, ha denunciado previamente a figuras políticas y no tiene vínculos con partidos políticos.
