La Presidencia de la República aclaró a la ciudadanía que el vicepresidente José Gabriel Carrizo no ha programado ninguna reunión con la dirigencia magisterial o con algún otro representante de los grupos que protestan en el país.
Así mismo, reitera que el Gobierno Nacional llamó a un diálogo entre representantes del órgano Ejecutivo y dirigentes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y otras organizaciones, en una Mesa de Trabajo de Alto Nivel, sin embargo, representantes de Anadepo se levantaron de la mesa, apenas a hora y media de haberse iniciado.
“Preocupados por el escenario que se registra en todo el país, hacemos nuevamente un llamado para que no permitamos que intereses políticos y partidistas, atenten contra las verdaderas y urgentes necesidades de miles de panameños”, reseña parte del comunicado enviado por la Presidencia.
Los docentes decretaron el jueves como indefinido el paro de 72 horas iniciado la víspera para exigir que se abaraten el combustible y los alimentos y se les otorgue más presupuesto a las escuelas, luego de un fallido acercamiento con el Gobierno.
“El pueblo está pidiendo que se congele el combustible, está pidiendo escuelas dignas”, y que el Gobierno “se deje de promesas y de estar despilfarrando los fondos del Estado” en presuntos gastos suntuosos para funcionarios y salarios para familiares y amigos del poder, dijo el dirigente de la Asoprof, Diógenes Sánchez.
De igual forma, los activistas docentes exigen el cumplimiento del artículo 349 de la Ley Orgánica de Educación donde se establece la obligación del gobierno de garantizar la eficiencia y eficacia de la enseñanza.
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Las protestas iniciadas por el gremio docente en provincias como Veraguas, Herrera y Chiriquí se han extendido a otras regiones y a otros sectores del país, producto del fracaso de la primera ronda de negociaciones con una comisión del gobierno encabezada por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Supervisores de Educación (Anserpa), Rodolfo Barría, repudió “enérgicamente el abuso de la fuerza policial”; por ejercer el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente.
