En medio de la discusión que se adelanta en la Asamblea Nacional para aprobar una norma de extinción de dominio, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, recibió la visita de cortesía de la fiscal Liliana Donado Sierra, jefa de fiscales de Extinción de Dominio en Colombia.
En el encuentro, acompañaron a la fiscal Donado Sierra, el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs; y el Asesor de la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, Armando Padilla.
Panamá busca conocer más de la experiencia colombiana.En tanto, por parte del Órgano Judicial también estuvo la secretaria general de la CSJ, Yanixsa Yuen; el director de Asesoría Legal, Manuel Antonio Bernal, y del Despacho de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Etéreo Armando Medina Marín (Coordinador) y Jorge García Arias (Secretario Técnico). En el marco de esta reunión, la ocasión fue propicia para intercambiar opiniones sobre diversos temas de interés en beneficio de la Administración de Justicia y continuar fortaleciendo lazos de amistad entre ambas naciones. La presidenta de la CSJ expresó su agradecimiento especial a la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América, quienes, a través del Ministerio de Seguridad, han coordinado la visita de la fiscal Donado.
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Consideró que la experiencia colombiana, donde la norma se aplica desde hace seis años, “seguramente enriquecerá la discusión y nos ayudará como Estado en el establecimiento de un mecanismo jurídico que incluya el procedimiento y la competencia de las distintas autoridades, reconociendo los derechos y garantías de los intervinientes y sentando los principios fundamentales para la administración de los bienes, como método para combatir los capitales derivados de los ilícitos del narcotráfico y perseguir la fortuna de los criminales”.
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Actualmente la Asamblea Nacional analiza en primer debate una propuesta de extinción de dominio presentada por el Ministerio de Seguridad Pública, que busca ser una de las herramientas para combatir el crimen organizado, sobre todo narcotráfico y lavado de dinero.
Para ello se estableció una subcomisión que evalúa la propuesta y se prevé que a mediados de marzo se dé un espacio para que los diputados se nutran de la información que ha sido captada sobre los alcances de la futura norma, que permitiría disponer de los bienes y dineros de las personas investigados por determinados delitos.
