La impunidad podría tener los días contados... o al menos eso intenta el procurador general de la Nación, Luis Gómez, quien este jueves se presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional con un proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos de corrupción.
Sí, como lo lees. Gómez llevó bajo el brazo una propuesta para modificar varios artículos del Código Penal, con el objetivo de ponerle freno a los que juegan con el dinero del pueblo desde adentro de las instituciones. El mensaje fue claro: no más paños tibios para los corruptos.
Durante su intervención, el procurador no se anduvo con rodeos y soltó una cifra que dejó a más de uno con los ojos abiertos: hay 3,840 causas activas relacionadas con corrupción actualmente bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, la podredumbre no es cuento... está documentada.
El proyecto plantea aumentar las penas de prisión para quienes cometan delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho y malversación, entre otros. También busca cerrar vacíos legales que en el pasado han sido usados como puerta de escape para que algunos funcionarios salgan por la libre.
Gómez fue enfático en que el sistema de justicia necesita dientes más afilados para morder con fuerza a quienes abusan del poder. “No se trata solo de castigar, sino de disuadir. El que piense robar, que sepa que puede pasar años tras las rejas”, fue el tono general del planteamiento.
Ahora la propuesta entrará en proceso de análisis en las comisiones legislativas. Si logra avanzar hasta el tercer debate y se aprueba, podría convertirse en una herramienta clave para limpiar la casa. Por ahora, el balón está en la cancha de los diputados… y la presión pública está más viva que nunca.
Mientras tanto, en redes sociales ya se empieza a hablar del tema. Algunos celebran el paso como necesario, otros dudan que los propios legisladores se aprueben la soga. Pero lo cierto es que el tema está sobre la mesa y el país entero lo mira con lupa.
