Este domingo la Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de diligencias tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, instalación que se encuentra bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
La queja fue interpuesta por la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, luego de una inspección realizada en el albergue junto a otros integrantes de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia se ordenaron actuaciones inmediatas con el propósito de determinar la posible comisión de hechos punibles y, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.
Las diligencias se desarrollaron en el propio CAI de Tocumen, donde equipos del Ministerio Público, acompañados por peritos y personal forense, efectuaron verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante. Según se informó, estas acciones buscan documentar de manera objetiva las distintas situaciones observadas durante la inspección.
Las autoridades subrayaron que la investigación tiene como objetivo esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de los menores de edad que permanecen en el centro.
La Procuraduría reiteró su compromiso de llevar adelante una investigación seria, diligente y respetuosa del debido proceso, y señaló que las pesquisas continuarán hasta agotar todas las líneas necesarias para determinar si existen o no conductas delictivas relacionadas con lo denunciado.
SESIÓN EXTRAORDINARIA
En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta de la junta directiva de la Senniaf, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes 9 de febrero, tras los señalamientos públicos de la diputada Alexandra Brenes.
Según se informó, el encuentro tiene como objetivo evaluar la situación y definir acciones inmediatas ante posibles irregularidades que pongan en riesgo la integridad y seguridad de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Las autoridades calificaron la medida como urgente debido a la gravedad de las denuncias.
