Los funcionarios públicos que ya tengan derecho a una pensión por vejez podrían acogerse voluntariamente a un programa de retiro y recibir incentivos económicos de hasta 10 meses de salario, según un anteproyecto presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional.
La iniciativa, impulsada por el diputado Augusto Palacios, de la bancada Vamos, propone crear una Política Nacional para el Relevo Generacional y el Retiro Voluntario en el Servicio Público, con el objetivo de modernizar las instituciones y, al mismo tiempo, reconocer la trayectoria de servidores que han dedicado años al Estado.
La propuesta surge en medio de informes sobre instituciones públicas que mantienen en sus planillas a funcionarios con décadas de servicio, algunos de los cuales ya reúnen las condiciones para jubilarse, pero continúan trabajando.
Retiro sería completamente voluntario
Uno de los puntos centrales del anteproyecto es que no se establecería una edad obligatoria de retiro.
Tampoco el hecho de haber adquirido el derecho a una jubilación podría convertirse automáticamente en una causa para separar al funcionario de su puesto.
La propuesta establece además que quienes decidan permanecer trabajando no podrían ser destituidos, trasladados, sufrir una reducción salarial o enfrentar una desmejora laboral únicamente por su edad o por negarse a acogerse al programa.
Palacios recalcó que el proyecto no parte de considerar que los servidores con más años dentro del Estado hayan perdido capacidad para desempeñar sus funciones.
Por el contrario, planteó que su experiencia, conocimiento técnico y memoria institucional representan un activo que debería preservarse antes de concretarse su salida.
¿Quiénes podrían acogerse?
Entre los requisitos contemplados inicialmente para ingresar al programa figuran estar en servicio activo, haber adquirido el derecho a una pensión por vejez, acumular al menos 10 años de servicio público y presentar voluntariamente la renuncia.
El incentivo económico sería uno de los principales componentes del plan y podría alcanzar hasta 10 meses de salario, dependiendo de las condiciones establecidas en la propuesta.
El anteproyecto también busca evitar que las vacantes generadas por los retiros produzcan simplemente nuevas contrataciones que terminen incrementando nuevamente la planilla estatal.
Buscan preparar el relevo generacional
Las instituciones tendrían que elaborar anualmente un Plan Institucional de Relevo Generacional, identificando áreas críticas, posibles retiros, necesidades de personal y el impacto presupuestario de las salidas.
Además, en puestos técnicos o estratégicos podrían desarrollarse procesos de mentoría, capacitación, documentación de procedimientos y transferencia de conocimientos antes de que el funcionario abandone definitivamente la institución.
El planteamiento apunta a que el Estado pueda incorporar progresivamente nuevas capacidades relacionadas con digitalización, automatización, análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios electrónicos, sin perder el conocimiento acumulado durante años por funcionarios experimentados.
La aplicación del programa estaría sujeta a disponibilidad presupuestaria y estudios de costo-beneficio, con el propósito de evitar retiros masivos que puedan afectar la prestación de servicios públicos.
