Las juntas comunales de todo el país tienen una deuda de $19 millones con la Caja de Seguro Social (CSS) por cuotas obrero-patronales. Así lo reveló Félix Camargo Ardines, director de Finanzas de la CSS, durante la presentación del director general, Enrique Lau Cortés, en la Asamblea Nacional.
La información surgió después de que el diputado José Antonio Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, preguntara cómo la CSS está cobrando las cuotas a representantes y alcaldes. Mencionó, por ejemplo, que la junta comunal de Burunga, en Arraiján, Panamá Oeste, debe $300 mil.
Camargo Ardines explicó que “a las entidades se les da un período de gracia de unos 60 días para que paguen, y después se les aplican recargos”.
Un reporte de abril pasado mostró que la deuda total era de $36.7 millones, liderada por entidades del gobierno central con $20.3 millones, municipios y juntas comunales con $16 millones, y entidades descentralizadas con $351 mil.
Lau Cortés también habló sobre la planilla de la CSS, que tiene 35 mil empleados. De ellos, 27,393 son personal de salud y 7,813 son administrativos.
El director dijo que la planilla solo ha aumentado en 344 personas, de las cuales el 85% son de salud y el 15% administrativos, debido a la apertura de la Ciudad de la Salud.
Sin embargo, no mencionó que en 2022 se hizo un plan de retiro voluntario donde más de 5,817 funcionarios dejaron la CSS en los últimos cinco años. Según algunos gremios, estas plazas fueron llenadas nuevamente.
Cuando el diputado Pérez Barboni preguntó si es cierto que la CSS está llena de “botellas” (personas que cobran sin trabajar), Lau respondió que ha preguntado a los directores y le han dicho que no tienen empleados así.
El diputado también cuestionó si políticos le han pedido nombramientos por motivos políticos. Lau admitió: “Claro que sí, muchos, pero este director nombra a las personas por sus competencias”.
La diputada independiente Yarelis Rodríguez preguntó si ha habido condenas por retención de cuotas o incumplimiento de pagos. Lau Cortés dijo que entre 2019 y 2024 se han presentado 3,762 querellas por $84.6 millones, y que 262 son por manejo indebido de la administración pública.
El diputado Eduardo Gaitán mencionó que hay 116 mil asegurados sin fecha de inscripción en la CSS y cotizantes mayores de 120 años que no se han jubilado. Lau reconoció que “una de las grandes deficiencias de la institución es la desarticulación del sistema de información”.
El director general también dijo que la CSS tiene activos por alrededor de $450 millones, pero que no se han revaluado en muchos años. Mencionó un terreno en Amador que podrían alquilar al consorcio que construye el Cuarto Puente sobre el Canal.
Además, habló de una deuda de $17 millones que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene con la CSS por un terreno usado en el proyecto del tramo marino en Amador.
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