La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional acaba de aprobar una polémica resolución que restringe el acceso a sus reuniones. Solo se permitirá la entrada a los diputados, sus suplentes y personal específico, lo que ha desatado una ola de críticas por parte de la sociedad civil y la prensa, preocupados por la transparencia en decisiones financieras clave.
Esta medida revive recuerdos de la era de Benicio Robinson, quien, como presidente de la Asamblea en el periodo 2019-2024, también cerró las puertas de estas reuniones a los medios. En esta ocasión, el contexto es aún más delicado, ya que se produce en el último día de sesiones ordinarias y justo cuando se discutirán 50 traslados de partidas presupuestarias por un total de $800 millones, afectando a más de 20 entidades públicas.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lidera los montos solicitados, con una partida de $368.5 millones, seguido por la Caja de Seguro Social (CSS) con $77.2 millones, el Ministerio de Educación (Meduca) con $52 millones, y el Ministerio de Vivienda con $136 millones. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) notificó recientemente a la Asamblea sobre tres traslados de partidas que suman $349.3 millones. Estos fondos, originalmente destinados a Meduca, serán reasignados al MOP, lo que ha generado reacciones de indignación debido al estado crítico de las escuelas del país.
En medio de la controversia, la bancada de Vamos votó en contra de la resolución, subrayando el impacto negativo de esta medida en la rendición de cuentas. La falta de acceso público a estas reuniones genera dudas sobre las prioridades y decisiones de la Comisión en el uso de millones de dólares del presupuesto estatal.
