El Estado dejará de compensar a los productores de arroz con 7,50 dólares por quintal de arroz húmedo y sucio a partir del 30 de abril de 2025, fecha en que finaliza el ciclo agrícola actual. Ante esta situación, el gobierno y los arroceros han pactado establecer una mesa de trabajo para discutir el futuro de la producción y buscar soluciones que beneficien a ambas partes.
Ayer, los productores de arroz realizaron una marcha desde la Avenida Balboa hasta la Presidencia de la República. Arnulfo Morales, representante de la Federación de Arroceros, declaró en Noticias AM que el sector necesitaba dar a conocer la realidad que están viviendo. “Se estaban tomando decisiones basadas en información incorrecta, como el supuesto desabastecimiento de grano en un momento en que estamos en plena cosecha”, afirmó.
Morales aseguró que actualmente hay aproximadamente un millón de quintales de arroz húmedo en el campo esperando ser procesados por la industria. “El abastecimiento sí existe”, enfatizó. Además, informó que los productores han sembrado alrededor de 80,000 hectáreas y que la siembra aún no ha terminado. “Estamos cumpliendo con abastecer a la industria. Desabastecimiento no hubo”, reiteró.
El presidente de la República anunció la revocación de la importación de arroz, una medida que, según Morales, confirma que siempre hubo suficiente grano en el país. “La disponibilidad de arroz blanco y de arroz en cáscara está garantizada”, aseguró.
Gobierno y arroceros pactan mesa de trabajo para discutir el futuro de la producción tras el fin de la compensación.
— TVN Noticias (@tvnnoticias) September 20, 2024
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Con la eliminación del control de precios y la compensación para el arroz de primera, los productores enfrentan un panorama incierto. “Vamos a tener una disminución en ingresos al quitar la compensación y la presión del precio internacional, especialmente de países como Estados Unidos, con quienes tenemos tratados y que tienen productos subsidiados”, explicó Morales. “El panorama se hace bien complicado”.
La mesa de trabajo acordada con el gobierno tiene como objetivo analizar estas problemáticas y buscar un punto de equilibrio que mantenga la estabilidad en el país. “El compromiso es llegar a soluciones que beneficien tanto a los productores como a los consumidores”, añadió.
El representante de los arroceros advirtió que la disminución en los ingresos por la venta del grano pone en peligro la producción nacional y, por ende, la seguridad alimentaria del país. “Es crucial que encontremos maneras de sostener la producción para garantizar el abastecimiento interno”, concluyó.
