El futuro del sitio minero Cobre Panamá quedó este miércoles 30 de septiembre sobre el escritorio del presidente de la República, José Raúl Mulino, luego de que la Comisión Interministerial le entregara su Informe Final con 17 recomendaciones y seis criterios que, según el documento, deben aplicarse a cualquier solución que se plantee para el complejo ubicado en Donoso, Colón.
El informe no toma la decisión sobre el futuro de la mina. La Comisión deja claro que esa responsabilidad corresponde exclusivamente al mandatario, quien anunció que estudiará el documento antes de comunicar al país qué resolverá.
Uno de los puntos que el Gobierno busca aclarar es qué está ocurriendo actualmente en el sitio. De acuerdo con el informe, Cobre Panamá no está simplemente “apagado”, sino que permanece bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, con vigilancia, mantenimiento y monitoreo permanente.
No hay extracción minera en curso.En las instalaciones también se procesa material que ya había sido extraído y permanecía acopiado desde antes de noviembre de 2023.
Se trata de 31.6 millones de toneladas de roca, de las cuales, según el documento, ya se ha procesado el 16%.
¿Qué encontró la auditoría?
La auditoría integral fue ordenada por el Estado y realizada por SGS Panamá Control Services Inc. El expediente, compuesto por 15 tomos, fue publicado para consulta ciudadana.
En total fueron evaluados 370 compromisos ambientales.
El informe presenta tres resultados distintos: 98.92% de cumplimiento medido compromiso por compromiso; 97.5% al considerar también los casos parciales; y 87.73% en una calificación integral ponderada que incorpora riesgos y pasivos futuros.
El documento también identifica cuatro no conformidades, todas relacionadas con flora, restauración ecológica y reforestación.
La Comisión recomienda un plan para subsanar estas situaciones, con metas, plazos y verificación externa.
El costo que está sobre la mesaMientras el debate continúa, el informe pone sobre la mesa cifras económicas importantes.
Según la Comisión, cada día sin un marco definido representa B/.6.85 millones que el país deja de generar en divisas, además de B/.3.79 millones diarios de aporte al producto nacional, B/.1.28 millones en impuestos directos y B/.390 mil para la Caja de Seguro Social, cifras calculadas como promedios.
El documento también estima que un cierre sin ningún acuerdo podría representar entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un período de 17 a 19 años, incluyendo los costos de cierre y el mantenimiento posterior.
La Comisión plantea como uno de sus criterios que cualquier solución no tenga costo fiscal para los panameños.
¿Y los arbitrajes?
Otro de los puntos sensibles son los procesos arbitrales internacionales relacionados con el sitio minero. El informe señala que las cuantías reclamadas, sumadas en sus montos mínimos, alcanzan al menos US$27,000 millones.
El documento aclara que estas son reclamaciones y que no constituyen una deuda reconocida por Panamá ni montos adjudicados por tribunales.
Precisamente por eso, la Comisión recomienda que la terminación de los arbitrajes pendientes sea una condición de cualquier eventual acuerdo.
Seis condiciones que el Gobierno pone sobre la mesa
La Comisión establece seis criterios: acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 407 de 2023; mantener la rectoría del Estado y la titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales; evitar costos fiscales para los panameños; garantizar transparencia verificable; priorizar a las personas afectadas directamente por el cierre; y mantener una supervisión bajo estándares internacionales.
Además, recomienda que la huella territorial del sitio no aumente y que se reduzca progresivamente, que exista una fecha para el cierre final, que los pasivos residuales sean identificados, cuantificados y financiados, y que el proceso sea progresivo y verificable.
El informe también plantea medidas para las comunidades de la zona, entre ellas acompañamiento técnico para proyectos locales y un mecanismo de legado ambiental destinado a conservación, formación científica, restauración, custodia del territorio y educación ambiental.
Por ahora, el sitio continúa bajo el plan de preservación y supervisión ambiental del Estado.
Mulino recibió el documento y dejó claro que estudiará sus recomendaciones antes de tomar una decisión.
También anunció que, cuando la tenga, será él mismo quien comunique al país la resolución sobre el futuro de Cobre Panamá.
