El director de La Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, ha decidido tomar acciones legales firmes. A través de su equipo de la Dirección de Asesoría Legal, presentó una querella penal contra 83 personas que estarían presuntamente vinculadas con daños causados a bienes institucionales, vehículos y equipos de la Unidad de Control de Multitudes.
Estos hechos se remontan a las manifestaciones ocurridas en el área donde actualmente se construye la nueva sede del Hospital del Niño, un punto que ha sido escenario de diversas protestas ciudadanas en las últimas semanas.
Según informó la propia institución, los daños registrados incluyen afectaciones a la infraestructura policial, tanto física como logística, lo que motivó la decisión de llevar el caso por la vía penal, siguiendo el proceso legal correspondiente.
“Estamos comprometidos con el respeto al Estado de derecho y la garantía de la seguridad ciudadana”, señalaron las autoridades policiales en un comunicado oficial.
Aunque no se revelaron los nombres de las personas incluidas en la querella, ni detalles específicos sobre las pruebas recabadas, se indicó que las investigaciones siguen en curso y que se están aplicando los mecanismos establecidos por la ley para determinar responsabilidades individuales.
La Policía Nacional también aprovechó para reafirmar su compromiso en salvaguardar los bienes públicos y actuar con firmeza frente a actos que comprometan la integridad de sus instalaciones, equipos y personal operativo.
Este tipo de decisiones marca una postura clara de la institución frente a los disturbios: los daños a la propiedad estatal no quedarán impunes. A su vez, el mensaje refuerza que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco legal y sin afectar bienes públicos ni poner en riesgo la seguridad.
La querella ya fue formalmente presentada ante las autoridades judiciales y será el Ministerio Público quien, a partir de ahora, determinará el curso procesal que tomará este caso.
