La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este viernes a varios países latinoamericano, entre ellos Panamá, que dejen de lado normativas y proyectos de ley sobre el control en medios y redes sociales, ya que suponen barreras para la libertad de prensa y libertad de expresión.
El pedido coincide con una iniciativa de ley recientemente presentada en la Asamblea Nacional que busca regular la forma en que se da el derecho a réplica, que promueve la diputada oficialista Zulay Rodríguez, a pesar de que esta materia está normada.
Durante la jornada de clausura de su 76 Asamblea, celebrada de manera virtual, la organización con sede en Miami aprobó una resolución en la que pide a los gobiernos Panamá, Chile, Argentina, Nicaragua y Cuba que abandonen decretos, leyes y disposiciones administrativas con los que crean “reglas éticas para los medios o detener el sensacionalismo o la desinformación a través de las redes sociales”.
En el caso de nuestro país, la SIP también se refirió al reciente secuestro judicial que sufrió Corporación La Prensa, S.A., (Corprensa) por decisión de un juez civil. En ese sentido, pidió se garantice el principio de igualdad en la protección a los bienes de propiedad de medios de comunicación de prensa escrita, medios digitales y periodistas independientes a aquella que aplica para los medios audiovisuales (radio y televisión).
El organismo internacional recordó que la legislación panameña prohíbe el secuestro de activos de propiedad de las empresas dueñas de medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión), pero no así al resto de medios, lo que los pone en desventaja.
FOTO: ROBERTO BARRIOS // COMO PERIODISTA PROTESTAN POR EL DERECHO A ESPRESARCELEA TAMBIÉN: Informe de Panamá ante la SIP denuncia uso de Justicia contra el periodismo
Sobre las iniciativas de ley que se promueven como barrera al libre periodismo, la SIP expone en su documento de cierre: “Instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión”, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La resolución pide a dichos estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que exhorta a desistir de la censura y sanciones penales, así como “de mecanismos de vigilancia digital”, y en su lugar propone mas bien una “alfabetización noticiosa y digital”.
El documento enumeró algunos ejemplos de proyectos de reforma penal y de medidas que a la larga “restringen distintos aspectos de la libertad de prensa y de expresión”.
En Cuba, por ejemplo, el Decreto 370 permite al Gobierno censurar y sancionar las opiniones contrarias a la información oficial en internet, donde se ha registrado un “incremento de cuentas que suplantan la identidad de opositores y periodistas independientes”.
La resolución pide a Cuba, y también a El Salvador, “abandonar los repulsivos mecanismos de propaganda y acoso a los periodistas en las redes sociales y plataformas digitales a través de trolles y bots manejados por sistemas de seguridad o inteligencia del gobierno”.
Expone también el proyecto de la Ley Especial de Ciberdelitos, en Nicaragua, que castiga entre dos y cuatro años de cárcel a quien difunda información falsa en internet, los proyectos de reforma al Código Electoral en Panamá para sancionar las noticias falsas y la desinformación, y las circulares generales de Ecuador sobre información falsa en torno a la pandemia del coronavirus.
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Destacó también la creación en Argentina del oficial “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)”, “con la aparente intención de ‘proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias’”.
Y en Chile, el documento expresa su preocupación por un plebiscito de reforma constitucional que “contiene ideas sobre regulación de medios y se sugiere que se reconozca el ‘derecho a la comunicación’ con limitaciones a la propiedad de los medios y regulaciones sobre los contenidos”.
En Colombia, donde se ha denunciado la vigilancia por parte del Ejército a más de 130 personas, 52 de ellas periodistas nacionales e internacionales, la SIP advierte sobre un proyecto de ley para proteger el derecho fundamental a la honra que “crearía reglas que colisionarían con la libertad de opinión”.
La SIP concluyó este viernes una Asamblea General en la que participaron los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y República Dominicana, Luis Abinader, y durante la cual se hizo evidente que la libertad de prensa está amenazada en el continente.
Con datos de EFE
