La Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, que reúne a las afiliadas y dirigentes de los sindicatos del país, rechaza la iniciativa legislativa presentada por la Diputada Cenobia Vargas, del circuito 8-10 representante Partido en funciones de Gobierno, que establece un pago mensual a las niñas violadas y embarazadas para su “sustento” pero en que, en su esencia, valida el abuso sexual infantil e incluso podría interpretarse como un aliciente o un incentivo para este delito.
Este proyecto de Ley -por medio del cual se crea el Programa “Mi Resguardo” para protección de niñas víctimas de abuso sexual- se constituye en la violación de los derechos humanos de las niñas por parte del Estado panameño, al pretender crear un subsidio al delito en lugar que implementar las políticas públicas para prevenir el abuso sexual infantil y proteger a las niñas y los niños de los violadores. Así como tomar las medidas para optimizar los procesos para perseguir y castigar efectivamente a los perpetradores de este delito.
Las trabajadoras, nos unimos a la condena pública frente a esta iniciativa levantada por las organizaciones de mujeres y las mujeres en general y exigimos a todos y todas las integrantes de la Asamblea Nacional, que en su lugar aprueben las medidas necesarias para erradicar el abuso sexual infantil, de las cuales se viene debatiendo hace años sin que las diputadas y los diputados hasta ahora se hayan comprometido ni aprobado ninguna de ellas.
No obstante, además del poder legislativo, se requiere que las instituciones del Gobierno central como el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública, hagan un mejor trabajo contra el abuso sexual infatil.
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Finalmente, las mujeres trabajadoras lamentamos este nuevo esfuerzo por desconocer el compromiso del Estado con los derechos humanos de las niñas y sus familias y exigimos que este Gobierno cumpla, con todos los compromisos adquiridos en este tema con las instituciones internacionales y nacionales de derechos humanos y con la sociedad panameña.
