Pacientes con enfermedad de Parkinson que habían perdido la capacidad de realizar actividades cotidianas como vestirse, caminar o comer están recuperando su independencia gracias a la cirugía de estimulación cerebral profunda que se realiza en el Hospital Dr. Rafael Estévez de la Caja de Seguro Social (CSS) en Aguadulce. Este procedimiento de alta complejidad marca un hito al ser la primera intervención de este tipo realizada en colaboración entre la CSS y el Ministerio de Salud (MINSA).
Mejoría de hasta 80% en síntomas motores
El neurocirujano del hospital, Dr. Omar Gordón, explicó que en pacientes adecuadamente seleccionados este procedimiento puede lograr una mejoría de entre el 50% y 80% en los síntomas motores como la rigidez, el temblor y la lentitud, cambiando radicalmente su calidad de vida. Para ser candidatos, los pacientes deben cumplir con evaluaciones médicas y neuropsicológicas exhaustivas que determinen si son aptos para la intervención.
La técnica consiste en implantar un electrodo cerebral conectado a un dispositivo bajo la clavícula que regula el movimiento. Tras la intervención, el paciente suele recibir el alta en uno o dos días, y el dispositivo se activa aproximadamente un mes después, cuando comienzan a notarse los primeros beneficios del tratamiento.
Alianza histórica entre CSS y MINSA
Este procedimiento marca un precedente al consolidar una alianza entre la red pública de salud, ya que en el equipo quirúrgico participaron la Dra. Dioselina Tristán, del Hospital Luis “Chicho” Fábrega del MINSA, junto con los neurocirujanos de la CSS, Dr. Ariel Francis y Dr. Luis Andros. Esta colaboración fortalece la atención pública especializada y permite que más pacientes tengan acceso a tratamientos de alta complejidad sin tener que recurrir al sector privado.
Impacto social y económico para los pacientes
El Dr. Gordón destacó el alto impacto social de que la red pública brinde este acceso, recordando que un procedimiento de esta magnitud puede alcanzar un costo de entre 90 mil y 100 mil dólares en el sector privado. Para las familias panameñas de escasos recursos, esta diferencia representa la posibilidad de acceder o no a un tratamiento que puede devolverles la autonomía a sus seres queridos.
