Lo que comenzó como una protesta pacífica en el sector de Cabuya, Tocumen, se convirtió en una noche cargada de tensión, gritos y represión.
La representante Arielis Barría fue conducida por unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional hasta el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, luego de un confuso y violento encuentro con agentes antimotines durante la manifestación por la falta de agua potable en la comunidad.
Con visibles golpes en la frente, cuello y brazoz, Barría fue evaluada por personal médico del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, mientras a las afueras del hospital se aglomeraban figuras políticas como diputados de distintas bancadas y representantes de comunidades para apoyarla y exigir su inmediata liberación.
En declaraciones exclusivas a Mi Diario, los diputados Betserai Richards y Janine Prado revelaron que, aunque Barría finalmente fue liberada, la condición impuesta fue firmar un documento en el que asegurara que no había sido agredida, pese a las marcas visibles en su cuerpo.
“Nuestra representante tiene golpes en la cara, en el cuello... y le piden que diga que no la agredieron. Eso no tiene sentido. Es una humillación”, denunció Richards.
También en redes sociales se dio a conocer una fotografía donde se le ve a la representante con un vendaje en la mano derecha, mostrando una posible factura.
Según testigos y videos difundidos en redes sociales, Barría llegó al lugar de la protesta para mediar entre la población y los antimotines, pero terminó arrastrada en medio del forcejeo. En su testimonio, señaló entre lágrimas que fue golpeada con un tolete en la cabeza tras pedir que no se lanzaran gases ni se reprimiera a los manifestantes.
“El gobierno de Joe Mulino es represivo. Solo saben reprimir al pueblo que exige derechos básicos. Mulino y el director del Idaan deberían renunciar”, declaró Barría molesta, antes de advertir que presentará una denuncia.
Los diputados presentes no solo exigieron respeto al debido proceso, sino que resaltaron que la protesta no era un acto de vandalismo, sino una exigencia legítima por agua potable, un derecho que los vecinos reclaman desde hace décadas.
“La gente de Cabuya tiene que esperar hasta las 2 de la mañana para llenar cubos con agua. Eso es lo que los empuja a protestar. No se les puede responder con represión”, dijeron.
La Policía Nacional, por su parte, emitió un comunicado que luego borró asegurando que la representante fue detenida por presuntamente agredir a una unidad en medio del operativo para reabrir la vía. También informaron que otras dos personas fueron conducidas por alteración del orden público.
Por ahora, Barría ya fue evaluada médicamente y firmó la hoja solicitada por la Policía, pero tanto ella como su equipo legal han advertido que el caso no ha terminado. Ya preparan acciones legales y han exigido la destitución de las unidades que participaron en el operativo.
