A nombre de los residentes del distrito de La Pintada, cuyas áreas se verían afectadas con la expansión de la actividad minera anunciada recientemente por el Estado, el diputado de esa región, el panameñista Luis Ernesto Carles, le solicitó al Ministerio de Comercios e Industrias (MICI) una reunión entre autoridades de la entidad y residentes del área norte del distrito coclesano.
A través de una nota con fecha de ayer, martes 8 de junio, Carles expone su preocupación y la de residentes de El Harino, Piedras Gordas y Llano Grande, de La Pintada, los que se verían impactados con la decisión contenida en la Gaceta Oficial N° 29284-D del 13 de mayo del 2021, mediante el cual el MICI ordenó incorporar más de 25 mil hectáreas en la provincias de Colón y Coclé, al denominado Régimen de Concesiones Mineras.
Corprensa // Agustín Herrera // 11-7-2019 julio // Fotos al diputado ex ministro de trabajo Luis Ernesto Carles en su despacho en la asamblea.LEA TAMBIÉN: Más de 760 mil personas en la informalidad no están cotizando en la Caja de Seguro Social
Asegura el diputado que “esta decisión ha causado inconformidad en los residentes del área, debido a que una parte de estos terrenos se encuentran contiguos al Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, y causa temor que se pueda afectar el desarrollo forestal y la biodiversidad de esta reserva natural, en donde desemboca el Río Toabré y otros afluentes del Río Coclé del Norte, como lo son el Río San Juan, Turbe y Coclesito”.
En vista de ello, pide se establezca un diálogo con las comunidades afectadas en el distrito de La Pintada, ya que existe el antecedente de una empresa minera dedicada a la exploración y explotación de oro, que afectó a más de seiscientos treinta trabajadores por el incumplimiento en obligaciones y prestaciones laborales por más de B/. 13 millones.
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A las preocupaciones de Carles y de los residentes de La Pintada se suman las de grupos ambientalistas en todo el país por la ampliación del desarrollo minero igual como ya lo vienen haciendo otras empresas, debido a su impacto en los ecosistemas impactados. Entre estos grupos está el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), que asegura que los riesgos de la actividad minera supera los beneficios que exponen las autoridades nacionales al promocionarlos.
El MICI basa la decisión de ampliar la actividad minera en su impacto económico, sobre todo en momentos de pandemia, donde la economía nacional se ha visto grandemente afectada. Asegura que la actividad minera en el país genera casi 40 mil empleos directos e indirectos.
