Un conflicto por el pago de servicios públicos y otros presuntos daños en el PH Los Toneles, ubicado en Vía España, llegó a los tribunales luego de que propietarios de las torres residenciales presentaran una demanda civil contra Constructora Suárez, S.A. y Promotora El Tecal, S.A.
La acción reclama $2,596,724.60 y contempla señalamientos relacionados con daños estructurales, cobros de agua y electricidad y otras afectaciones que, según los demandantes, habrían perjudicado económicamente a los copropietarios.
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia tiene que ver con el inmueble comercial donde actualmente funciona la sede principal de la Defensoría del Pueblo.
Recibos superaban los mil dólares
Según los residentes, las facturas de agua correspondientes a las áreas comunes llegaron a superar los mil dólares mensuales.
Los demandantes sostienen que, tras realizar averiguaciones sobre el elevado consumo, detectaron que el edificio comercial no tenía un medidor independiente de agua.
De acuerdo con lo expuesto por los propietarios, después de que se instalaran medidores en 2022, los recibos disminuyeron considerablemente.
El reclamo también incluye señalamientos por el suministro eléctrico. Los copropietarios alegan que estudios técnicos habrían detectado conexiones entre el residencial y equipos utilizados en el edificio comercial.
Defensoría responde y hace aclaraciones
Tras conocerse públicamente los señalamientos este miércoles 7 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que rechazó cualquier interpretación que pretenda atribuirle una conducta irregular o la apropiación ilegal de servicios públicos.
La institución comenzó por aclarar que no tiene 15 años funcionando en el Edificio Los Toneles, sino que trasladó su sede principal al inmueble en enero de 2022, por lo que lleva poco más de cuatro años en el lugar.
También señaló que la controversia judicial mencionada en las publicaciones corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y Promotora El Tecal, S.A., y no a una demanda contra la Defensoría.
“La Defensoría del Pueblo, que es arrendataria”, indicó la institución, no es parte demandada en ese conflicto y considera que la situación debe ser esclarecida por las instancias correspondientes dentro del proceso legal.
¿Quién debe pagar el agua?
Sobre el consumo de agua, la Defensoría hizo referencia al contrato de arrendamiento que mantiene con el propietario del inmueble.
Según explicó, la Cláusula Sexta, numeral 2, establece que el arrendador debe mantener al día tanto los impuestos del inmueble como “los gastos en concepto de agua”.
En cuanto a la electricidad, la institución aseguró que los servicios que mantiene en sus oficinas cuentan con sus respectivos contratos de suministro y son pagados mensualmente.
La Defensoría manifestó además que respeta las inquietudes de los residentes y de la Junta Directiva del PH Los Toneles y expresó su disposición a escucharlos dentro de las competencias establecidas por la ley.
“Reiteramos que la Defensoría del Pueblo en su condición de arrendataria, rechaza cualquier interpretación que pretenda atribuirle una conducta irregular o la apropiación ilegal de servicios públicos”, puntualizó la institución.
