El proyecto de ley 826, que buscaba modificar el Código Penal para sancionar con penas de hasta seis años de cárcel a quienes cubrieran total o parcialmente su rostro durante protestas o manifestaciones, fue retirado de la Asamblea Nacional.
La información fue confirmada durante el periodo de incidencias del pleno por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, quien explicó que la iniciativa presentada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, no había sido devuelta, sino retirada directamente por la titular de la cartera.
El tema surgió luego de que el diputado de la coalición Seguimos, José Pérez Barboni, afirmara que el proyecto había sido devuelto porque carecía del llamado “artículo indicativo”, un elemento que debe incluirse al final de las propuestas legislativas para especificar con claridad cuáles normas vigentes se pretenden modificar, eliminar o reemplazar.
Pérez Barboni cuestionó que una iniciativa presentada por el Ejecutivo tuviera este tipo de omisión, señalando que el gobierno del presidente José Raúl Mulino cuenta con numerosos asesores legales. Además, criticó uno de los argumentos utilizados para defender el proyecto, según el cual quienes protestan por causas justas no tendrían motivo para ocultar su rostro.
El diputado también planteó que existen funcionarios que desean participar en protestas, pero temen represalias laborales si lo hacen de forma visible. Incluso citó su propia experiencia, recordando que cuando trabajaba en misiones internacionales se le advertía que participar en manifestaciones podría costarle el puesto.
La discusión gira en torno al proyecto de ley 826, presentado por el Ejecutivo el pasado mes de febrero, que buscaba adicionar el artículo 169-A al Código Penal. La propuesta establecía que quien, durante una manifestación o concentración pública, utilizara capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios para ocultar su rostro con el propósito de provocar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, enfrentaría penas de dos a cuatro años de prisión.
