Los problemas del transporte público en Panamá, particularmente con el servicio de Metro Bus, continúan siendo un desafío importante para miles de usuarios que dependen de este medio para desplazarse diariamente por la ciudad. La situación se ve agravada por la escasez de unidades operativas y una prolongada batalla legal que obstaculiza la reparación de autobuses necesarios para mantener el servicio eficiente.
Una de las zonas más afectadas por esta problemática es Ciudad del Saber, Clayton, Panamá Norte y Panamá Este, donde los usuarios se enfrentan a la cruda realidad de la falta de frecuencia en las rutas esenciales. Esta escasez obliga a los pasajeros a enfrentar largas esperas y formar filas interminables, especialmente durante las horas pico de la mañana, cuando la demanda es más alta debido a los desplazamientos hacia el trabajo.
En la Terminal de Albrook, punto neurálgico del transporte público en la ciudad, los usuarios sufren esperas de más de una hora para abordar un Metro Bus hacia áreas clave como Clayton, Paraíso, Ciudad del Saber y Miraflores. Similarmente, en Panamá Norte, comunidades como La Cabima, Ciudad Bolívar y Chilibre se quejan de la falta de autobuses que cubran sus rutas, mientras que en Panamá Este, en zonas como 24 de Diciembre, Pedregal y Nuevo Tocumen, las esperas nocturnas son desesperantemente largas.
La crítica situación se agrava con la revelación de que más de 400 de los 1,436 autobuses de Mi Bus se encuentran actualmente fuera de servicio debido a la espera de piezas para reparar sus sistemas de aire acondicionado. Esta espera se atribuye a una compleja situación legal derivada de un conflicto entre Mi Bus y la empresa proveedora de las piezas, H3 Automation, Sdad, Ltda, que incumplió con el contrato de suministro.
El gerente de Mi Bus, Luis Campana, ha confirmado que la parálisis en las reparaciones se debe a un amparo de garantía interpuesto por H3 Automation, Sdad, Ltda, ante la Corte Suprema de Justicia, lo que ha obligado a suspender todos los procesos relacionados con el contrato. Esta incertidumbre legal ha llevado a un estancamiento que afecta directamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, lo cual es evidente en las largas esperas y la falta de unidades operativas.
La magnitud del problema se refleja en las cifras de pasajeros movilizados entre 2022 y 2023, que ascienden a 116 millones. Esta demanda creciente exige una respuesta urgente por parte de las autoridades y las partes involucradas para resolver las disputas legales y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de transporte público en Panamá.
Es imperativo que las entidades competentes prioricen la resolución de este conflicto para asegurar que los usuarios tengan acceso a un transporte público confiable y eficiente. La movilidad de miles de trabajadores y ciudadanos depende de ello, y es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida en nuestro país.
