Con una escasa participación de diputados, la Asamblea Nacional, le dio luz verde al proyecto de ley 215 que
Brindará protección y plata a los ciudadanos que denuncien hechos de corrupción.
La iniciativa fue presentada por el diputado panameñista, Antonio Domínguez, quien explicó que el dinero será acreditado a la personas cuando el Estado recupere los fondos producto de las denuncias de corrupción.
El incentivo que se le daría a los ciudadanos sería entre el 10% y el 30% del total que recupere el Estado producto de las denuncias por presuntos delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales.
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Se establece que quienes presenten estas denuncias no pueden haber intervenido en la presunta comisión de estos delitos y, además, deben estar apoyadas con información idónea, eficaz y oportuna que permita abrir una causa penal y recuperar los caudales ilícitos, así como garantizar la protección de los denunciantes.
De acuerdo con el contenido, los ciudadanos tendrán derecho a las medidas de protección como la reubicación en el país o fuera del país, ya sea temporal o permanente, cambio del lugar de trabajo, sin que ello signifique el desmejoramiento de sus condiciones laborales o cualquier otra medida que determine la ley.
Ya la Asamblea había aprobado una iniciativa presentada por el Ministerio Público sobre los acuerdos de pena para las personas imputadas por corrupción, pero ahora buscan que los ciudadanos colaboren más eficazmente.
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Para tener derecho al incentivo o recompensa, los denunciantes deben cumplir una serie de requisitos como: no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los profesionales del Ministerio Público, aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción que los hechos constituyen actos ilícitos y que permitan la identificación o individualización de los autores y colaborar con la autoridad competente en las etapas del proceso.
De acuerdo con el Índice de Percepción sobre la Corrupción de Transparencia Internacional, Panamá tiene una puntuación de 37 y se coloca en la posición 93 de los 180 países evaluados, lo que demuestra que la lucha contra este flagelo se ha estancado.
Los diputados perredistas también apoyaron esta iniciativa del diputado panameñista, pero indicaron que este era un proyecto de “saperías”.
