En medio de la marejada provocada por los hallazgos preliminares de una auditoría de la Contraloría General de la República, Panama Ports Company (PPC), operador de los puertos de Balboa y Cristóbal, salió al paso y emitió un comunicado extenso en el que defiende con cifras y leyes su trayectoria, inversión y legalidad de su contrato con el Estado.
¿Qué dijo Panama Ports?
En su mensaje, PPC recordó que en 2005 se firmó una adenda voluntaria con el Estado, aprobada mediante Ley 55 de 2005, en la cual se comprometió a invertir más de $1,000 millones y a pagar $102 millones por las infraestructuras heredadas desde que tomó las riendas de los puertos en 1997.
La empresa asegura haber invertido más de $1,695 millones, cifra que supera ampliamente tanto el compromiso original de $50 millones como el de la adenda. Aclaran que la Contraloría ya auditó esos números en 2020 durante un proceso que tomó 4 meses.
¿Y los $1,200 millones que “faltan”?
Según PPC, cualquier cifra que se maneje sobre pagos omitidos debe considerar las adendas legales y vigentes del contrato. Indican que decir lo contrario “tergiversa la realidad jurídica” y contradice los propios actos del Estado. Por eso, califican como totalmente falsa la versión de que deben $1,200 millones.
¿Y qué hay del aporte al Estado?
PPC también sacó pecho en el comunicado:
$668 millones han sido pagados al Estado durante la concesión
$126 millones en dividendos, siendo la única portuaria en Panamá con participación estatal (10%)
Más de $5,900 millones generados en la economía nacional, según la misma Contraloría
Además, han cumplido con las tarifas por movimiento de contenedores exigidas por la Autoridad Marítima, aseguran.
“¡Panamá es un país seguro para invertir!”
Así lo afirmó la empresa al reiterar su compromiso con la seguridad jurídica. También subrayó que todas las exoneraciones fiscales de las que goza PPC son las mismas que se han dado a otros operadores portuarios en el país.
La compañía indicó que tanto la Contraloría en 2020 como la Autoridad Marítima en 2021 certificaron su cumplimiento sustancial del contrato de concesión. También defendió que la extensión del contrato está vigente y es legal.
Auditoría e investigación penal
Este comunicado llega justo después de que el contralor Anel Flores revelara hallazgos de una auditoría a la empresa, lo que activó las alarmas. La Procuraduría General de la Nación no perdió tiempo y abrió una investigación penal de oficio por posible comisión de delitos contra la administración pública u otros perjuicios al Estado.
