El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que junto al Consejo de Gabinete extraordinario de este jueves 15 aprobó instruir a los ministros de Comercio e Industrias, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral, a adoptar las medidas administrativas de conformidad con las leyes de la República, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del Contrato Ley entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A.
A través de un mensaje televisado al país, el mandatario dijo que de igual forma, el Gobierno Nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato que establezca beneficios justos para las partes.
De acuerdo con Cortizo Cohen, el Gobierno Nacional hizo los esfuerzos necesarios para lograr con Minera Panamá un contrato justo para el pueblo panameño, toda vez que la Constitución Política de Panamá señala claramente que “las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.
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En ese sentido, agregó que tras el acuerdo de enero de 2022, que calificó de satisfactorio para las partes, luego de largas negociaciones con Minera Panamá, “nos sentíamos confiados y optimistas”.
Sostuvo que puso en esta tarea “toda la paciencia necesaria, la buena fe y la mejor de las voluntades para lograr que la Minera ratificara lo acordado, y por eso esperaba reciprocidad de la empresa, lo cual no se dio.
“Casi un año después vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022″, dijo, lo que a juicio del mandatario no es aceptable para él como presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño.
Ante este escenario, agregó el presidente, tomó la decisión junto a sus ministros de instruir al titular de Comercio e Industrias para que se ejecute un Plan de Preservación y Gestión Segura; es decir, de cuidado y mantenimiento; así mismo al ministro de Ambiente a continuar con la supervisión, control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero; y a la ministra de Trabajo a tomar las acciones requeridas y necesarias para garantizar que se mantenga la fuente de empleo y la protección de las prestaciones laborales de los trabajadores de la mina.
Concluyó que las acciones tomadas hoy por su Gobierno garantizan el principio establecido en nuestra Constitución: “los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño”.
