A través de un comunicado divulgado la noche del jueves 9 de abril, la Procuraduría General de la Nación informó el inicio de una investigación penal, luego de que presuntamente funcionarios de la Contraloría General de la República interrumpieran una diligencia de entrevistas a auditores vinculados a un proceso que se sigue contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
De acuerdo con un comunicado oficial, la denuncia fue presentada por una fiscal Superior Anticorrupción, quien alertó sobre la irrupción de funcionarios de la Contraloría en medio de un acto investigativo, lo que habría impedido la culminación de las entrevistas. Según la entidad, los auditores se encontraban rindiendo declaración ante autoridad competente como parte de una causa por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
La Procuraduría indicó que no se ha precisado el nivel jerárquico de los funcionarios que habrían ingresado al despacho de la Fiscalía Anticorrupción durante la diligencia. No obstante, el hecho ha motivado la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales.
Este caso guarda relación con el proceso que enfrenta Carrizo, quien el pasado 28 de enero fue imputado por una juez de garantías, que además ordenó su arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones.
Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el exvicepresidente habría percibido ingresos por 7.1 millones de dólares durante su gestión entre 2019 y 2024. Sin embargo, tras concluir su mandato, sus bienes declarados superaban los 9 millones de dólares, lo que reflejaría una diferencia no justificada de 1.9 millones.
Las conclusiones de la fiscalía se basan en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría, el cual detalla el supuesto incremento patrimonial del exfuncionario y constituye una de las principales pruebas dentro del proceso.
