Un grupo de expertos, encabezados por la procuradora de Administración Grettel Villalaz de Allen y el diputado Roberto Zúñiga, se sentaron en una mesa técnica para lo que suena como el título de una novela política panameña: salvar la Administración Pública. Su misión, según explicaron, es sacar del letargo a la Ley de Carrera Administrativa, modernizarla y darle el protagonismo que, aparentemente, no tuvo en décadas de vigencia.
¿Los temas en la mira? Concurso público para ingresos, aumentos salariales basados en méritos, y la actualización de un manual de cargos que ya parece más un fósil que una herramienta administrativa. Sin embargo, entre discursos técnicos y buenas intenciones, el escepticismo flota en el aire: ¿estamos hablando de profesionalización o de un lavado de cara al clientelismo político que ha marcado el empleo público en Panamá?
Durante la discusión, se señaló la necesidad de establecer un Comité Técnico y un Instituto Nacional de Administración Pública que reemplace a la Dirección General de Carrera Administrativa. También se habló de la fiscalización de funcionarios contratados para evitar que quienes cargan con penas accesorios encuentren refugio en el Estado. El Tribunal Administrativo de la Función Pública, creado en 2017, también entró en la conversación como pilar fundamental para garantizar los derechos laborales en el sector público.
Pero mientras las palabras suenan bien en el papel, la realidad parece otra. La Carrera Administrativa ha sido, históricamente, más un escudo político que una herramienta para el desarrollo del país. Nombramientos a dedo, “botellas” con sueldos exorbitantes, y allegados políticos blindados han sido la norma en vez de la excepción, algo que los medios panameños han expuesto una y otra vez.
Aunque la mesa técnica busca establecer bases más sólidas, los críticos no tardan en preguntarse si esta será otra reforma que nace para ser ignorada. Después de todo, en Panamá, lo técnico siempre acaba perdiendo ante lo político.
