Los repartidores de la plataforma PedidosYa mantienen paralizadas las entregas en Panamá tras un fuerte rechazo al nuevo sistema de cobros, un ajuste que ya dejó sin rutas a muchos motorizados y afectó a cientos de restaurantes que dependen del servicio para recibir pedidos. La protesta ha puesto bajo lupa el modelo de contratación de estas plataformas y la falta de protección laboral para quienes entregan los platos a la puerta de las casas.
¿Qué cambió en el pago?
Los motorizados denuncian que la empresa cambió sin previo acuerdo su antiguo esquema, que pagaba una tarifa fija mínima por pedido, por uno basado en kilometraje recorrido. Antes, la base por entrega era de alrededor de B/.2.50, mientras que ahora se habla de B/.1.50 de base, a lo que se suman pequeños montos por kilómetro, lo que, según sus cálculos, reduciría sus ingresos hasta en un 30–40%.
Además, señalan que siguen respondiendo solos por gastos como combustible, mantenimiento de la moto, seguro privado y equipo de trabajo, mientras se enfrentan a un sistema que, en la práctica, les hace trabajar más kilómetros por menos dinero.
Ministerio de Trabajo y el debate laboral
En medio del conflicto, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ha sido clara: bajo el marco actual, los repartidores de PedidosYa y otras plataformas digitales no son considerados trabajadores formales, sino prestadores de servicios. Esto significa que el Ministerio no regula directamente a la plataforma, sino solo las relaciones laborales cuando existen contratos de trabajo clásicos.
Desde el ministerio insisten en que muchas de estas personas operan bajo contratos comerciales, con aviso de operación y obligación de facturar sus ingresos, lo que las convierte, en términos legales, en microempresarios o trabajadores independientes, obligados a pagar impuestos como el 7% y a cotizar a la seguridad social por su cuenta.
¿Relación laboral o comercial?
El abogado laboral Johel Cruz explicó que, para que exista una relación laboral, deben darse dos elementos clave: subordinación jurídica (la empresa manda, controla horarios y tareas) y dependencia económica (la persona vive casi exclusivamente de ese empleador). Bajo estos criterios, muchos repartidores de plataformas no cumplen con el estándar del Código de Trabajo y, por eso, su vínculo se clasifica como comercial, no laboral.
Cruz subrayó que, cuando el motorizado paga inscripción, factura sus ingresos, asume sus costos operativos y elige cuándo trabajar, el esquema se parece más a un negocio propio que a un contrato de empleo tradicional. “A un trabajador no lo obligan a facturar ni a pagar un seguro privado”, puntualizó.
Reclamos y vacíos legales
Los motorizados, como Carlos Villegas y el asesor logístico Pedro Reyes, insisten en que, aunque no tienen contrato laboral, la empresa toma decisiones unilaterales que afectan directamente sus ingresos, sin que exista una norma específica que regule a las plataformas. Califican la situación como un “gran vacío legal” que permite a la empresa cambiar tarifas, bonificaciones y condiciones sin obligación formal de negociar.
También denuncian que, en caso de accidentes, enfermedad o imprevistos, no cuentan con cobertura real ni garantías laborales, porque la responsabilidad termina en sus hombros.
¿Qué pueden hacer los repartidores?
Cruz recomendó a los motorizados que, si creen que su situación ha cambiado de forma lesiva, acudan a los tribunales laborales con toda la evidencia: pantallazos de pagos, contratos, correos o notificaciones de la app. Allí pueden intentar demostrar que, a pesar del contrato comercial, existe una relación más cercana a una de trabajo, o que las modificaciones violan principios de equidad económica.
Mientras tanto, la paralización continúa, dejando a muchos restaurantes y comercios con menos flujo de pedidos y obligando a clientes a buscar alternativas. El caso de PedidosYa se ha convertido en un termómetro del debate sobre el futuro laboral de la economía digital en Panamá.
