La organización municipal la heredamos de los españoles y ese modelo comunitario, que debe estar cercano a los ciudadanos, en Panamá solo es un medio para llenarse los bolsillos.
Resulta que en nuestro país hay más de 600 representantes de corregimientos y casi ninguno destaca por sus logros, sino porque tenían licencias con sueldos y gozaban de gastos de movilización y representación, que son expresiones de clientelismo político en todos los partidos.
Es decir, los representantes son una carga para el Estado, al que usan para acomodar sus fichas políticas y, lo que es peor, la mayoría de las juntas comunales son fincas personales o de amigos, donde el representante tiene nombrados a sus allegados y copartidarios, pero no hacen nada porque encima la mayoría de los emplanillados no son profesionales calificados, sino promotores políticos para asegurar los votos en el corregimiento.
Ahora que se promueve con bombos y platillos el millonario plan Colmena y el Gobierno buscará la reelección con “Gaby” Carrizo, el país no puede quedarse en manos de estos monstruos de la política, porque ellos se gastan cínicamente el dinero que es de todos los panameños.
